Tras el paro de actividades realizado a finales de octubre, organizaciones del autotransporte de carga y del sector comercio alcanzaron acuerdos con el Gabinete de Seguridad para agilizar denuncias, combatir la extorsión, reducir abusos de autoridad y reforzar la vigilancia en las vías de comunicación del país.
CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes del autotransporte de carga y del sector comercio de México alcanzaron una serie de acuerdos con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal para fortalecer las acciones contra la extorsión, los robos y los abusos de autoridad en las carreteras, luego de las protestas y el paro de actividades realizados por transportistas a finales de octubre.
Los compromisos se establecieron durante mesas de diálogo coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), con la participación de autoridades federales y representantes de organizaciones gremiales, quienes plantearon la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para los operadores y certidumbre para el traslado de mercancías en todo el territorio nacional.
En el encuentro participaron dirigentes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
Como parte de los acuerdos, las organizaciones y las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) establecieron mecanismos de coordinación para atender de manera inmediata las pérdidas humanas y materiales que enfrenta el sector.
Los representantes empresariales advirtieron que la inseguridad en las carreteras no solamente pone en riesgo la integridad de los operadores, sino que también afecta las cadenas de distribución, el abastecimiento de comercios y el funcionamiento de miles de negocios familiares que dependen del transporte de mercancías.
HOMOLOGARÁN CRITERIOS PARA LIBERAR UNIDADES
Entre los principales avances destaca el compromiso de homologar los criterios legales entre las fiscalías estatales, con el propósito de agilizar los procedimientos para liberar vehículos que hayan sido retenidos después de incidentes delictivos.
La medida busca reducir los tiempos que las unidades permanecen fuera de circulación, evitar afectaciones económicas adicionales a los transportistas y facilitar la continuidad de las operaciones logísticas.
Asimismo, se acordó establecer un frente común contra la extorsión mediante herramientas de comunicación directa con la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República, que complementarán los canales de contacto existentes con la Guardia Nacional.
Estos mecanismos permitirán facilitar la presentación de denuncias, dar seguimiento a las investigaciones y mejorar la atención de los casos reportados por operadores y empresas transportistas.
REFORZARÁN VIGILANCIA Y PREVENCIÓN
Otro de los compromisos contempla la instalación de mesas de trabajo en las entidades federativas, a fin de atender las problemáticas particulares de cada región y establecer acciones coordinadas entre autoridades y organizaciones del sector.
También se evaluará la incorporación de tecnologías preventivas que permitan identificar situaciones de riesgo en tiempo real, así como fortalecer los patrullajes en los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva.
Por parte del Gobierno federal participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el jefe de la Unidad de Gobierno, Sergio Tonatiuh Ramírez; el funcionario de la Subsecretaría de Política Criminal, José Luis Rodríguez, y el coordinador de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional, Cruz Isaac Muñoz.
Los acuerdos representan un nuevo intento de coordinación entre el Gobierno federal y los sectores transportista y comercial para atender una problemática que impacta tanto a la economía nacional como a la seguridad de quienes diariamente trasladan alimentos, mercancías e insumos por las carreteras del país.
El reto será convertir los compromisos establecidos en resultados concretos, particularmente en la reducción de extorsiones, robos y agresiones contra operadores, así como en el fortalecimiento de la confianza del sector en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad carretera.
