El Órgano Interno de Control también interpuso seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por posibles delitos de uso ilícito de atribuciones, cohecho y tráfico de influencias. Entre las personas que, según fuentes legislativas, estarían involucradas figura la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles hechos de corrupción relacionados con contratos suscritos en años recientes, entre ellos los correspondientes a la organización de la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar, en un caso que abre nuevos cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y la transparencia dentro de la autoridad electoral.
A través de un comunicado, el organismo informó que la denuncia busca que la Fiscalía investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes, sin distinción de personas, cargos, funciones o periodos de gestión.
El INE sostuvo que la decisión responde a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, al tiempo que reiteró su política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad del presupuesto destinado al cumplimiento de sus funciones constitucionales.
La denuncia contempla contratos relacionados con el proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras de 2025, así como aquellos vinculados con la elaboración de las credenciales para votar, dos rubros fundamentales para el funcionamiento de la institución y la organización de los procesos democráticos del país.
SEIS DENUNCIAS PENALES CONTRA FUNCIONARIOS Y EMPRESAS
En paralelo, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a la Cámara de Diputados que su área presentó seis denuncias penales ante la FGR contra servidores públicos, exfuncionarios y personas morales por su probable participación en hechos que podrían constituir delitos.
Entre las conductas señaladas se encuentran uso ilícito de atribuciones y facultades, utilización de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho, además de otros posibles delitos que determine la autoridad ministerial.
En un documento enviado a los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, Javier Herrera Borunda y Ricardo Mejía Berdeja, respectivamente, Carvente detalló también que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como una empresa, fueron emplazadas para comparecer a audiencias iniciales dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.
El funcionario explicó que, una vez concluidos los procedimientos correspondientes, los expedientes serán remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que deberá determinar las responsabilidades que legalmente procedan.
Asimismo, advirtió que el Órgano Interno de Control continuará presentando denuncias ante las autoridades competentes cuando detecte hechos que pudieran constituir delitos.
INVESTIGAN PRESUNTA RED DE EMPRESAS
El caso adquiere mayor relevancia luego de que el propio titular del OIC informara, durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre, que cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí recibieron contratos por un monto acumulado de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 de organismos públicos locales electorales.
De acuerdo con la información expuesta, las compañías habrían simulado competencia en los procedimientos de contratación y tendrían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre otras personas.
A partir de estas investigaciones, también trascendieron señalamientos contra la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas, aunque las referencias sobre su presunta participación provienen de fuentes legislativas y deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.
Las acusaciones sobre posibles vínculos personales y beneficios contractuales también colocaron bajo cuestionamiento la gestión de Taddei, quien recientemente presentó su renuncia, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
IMPACTO EN LA CONFIANZA INSTITUCIONAL
Las investigaciones representan un nuevo desafío para la credibilidad del organismo encargado de organizar las elecciones federales y garantizar la certeza de los procesos democráticos en México.
La revisión de contratos relacionados con la credencial para votar y la elección judicial adquiere especial relevancia debido a que involucra recursos públicos destinados a instrumentos esenciales para el ejercicio de los derechos políticos y la participación ciudadana.
Además de establecer si existieron irregularidades administrativas o posibles delitos, las investigaciones deberán esclarecer quiénes participaron en las contrataciones, cuáles fueron los mecanismos utilizados y si hubo afectaciones al patrimonio público.
El desarrollo de las indagatorias será determinante para establecer responsabilidades y conocer el alcance de las presuntas irregularidades, en un contexto en el que la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana constituyen elementos fundamentales para la legitimidad de las instituciones electorales.
Hasta el momento, las denuncias representan señalamientos que deberán ser investigados por la FGR y las autoridades administrativas competentes, sin que ello implique que las personas mencionadas sean responsables de algún delito.
