La quiebra de la entidad financiera provocó protestas de ahorristas, detenciones de exdirectivos y el aseguramiento de vehículos de lujo. El presidente paraguayo enfrenta cinco señalamientos en un proceso de juicio político, mientras miles de afectados esperan recuperar sus depósitos.
PARAGUAY.- La crisis financiera provocada por el cierre de Ueno Bank ha desencadenado un terremoto político y económico en Paraguay, con investigaciones contra empresarios y funcionarios, aseguramiento de bienes de lujo y protestas de ciudadanos que exigen la devolución de sus ahorros. El escándalo también alcanzó al presidente Santiago Peña, quien enfrenta un proceso de juicio político pese a haber presentado su renuncia, la cual fue rechazada.
Mientras se define el futuro político del mandatario, miles de ahorristas permanecen a la espera de recuperar sus recursos. El Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el inicio de los primeros reembolsos, aunque estableció condiciones específicas para acceder a ellos.
De acuerdo con medios locales, en esta primera etapa únicamente podrán recibir sus depósitos los clientes que no tengan deudas pendientes con la institución financiera, dispongan de una cuenta en otro banco y mantengan ahorros de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a mil 622 dólares.
Algunos usuarios comenzaron a reportar movimientos en sus cuentas; sin embargo, la restitución de los recursos avanza de manera limitada frente a la magnitud de los afectados.
Paralelamente, la Fiscalía paraguaya realizó allanamientos en oficinas de Itti Saeca y del Grupo Vázquez, en Asunción, como parte de las investigaciones que también han alcanzado a Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y al ahora ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo.
Uno de los operativos más llamativos ocurrió la noche del 5 de noviembre, cuando las autoridades aseguraron varios automóviles de alta gama en la residencia de Miguel Vázquez, exdirectivo de Ueno Bank, ubicada en el exclusivo barrio Mbocayaty, en Asunción.
Entre los vehículos incautados se encuentran un Porsche 911 GT3, valuado entre 211 mil y 274 mil dólares; un Bentley Continental GT, con un precio estimado de entre 300 mil y 400 mil dólares; así como un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, cuyo valor rondaría los 550 mil dólares.
También fueron asegurados un Mercedes-Benz Clase G, un AMG GT 63, un BMW de la serie M y una camioneta Lexus LX, cuyos valores, en conjunto, representan un patrimonio millonario.
Cinco señalamientos contra Peña
En el ámbito político, Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa frente al juicio político impulsado por sectores de oposición y legisladores disidentes del partido gobernante.
El documento acusatorio contempla cinco señalamientos contra el mandatario: presuntos vínculos económicos con grupos empresariales involucrados en la crisis bancaria, designaciones cuestionadas por aparente falta de idoneidad, modificaciones a las reglas de inversión, concentración de recursos y advertencias que supuestamente no fueron atendidas.
Peña considera insuficiente el plazo otorgado para preparar su defensa, al argumentar que un periodo inferior a 12 horas no garantiza un procedimiento ajustado a derecho.

La situación ha generado comparaciones con el juicio político de 2012 contra el entonces presidente Fernando Lugo, quien fue destituido después de un procedimiento acelerado en el que dispuso de apenas 17 horas para preparar su defensa.
La crisis también puso bajo escrutinio las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía aproximadamente 355 millones de dólares depositados en Ueno Bank. La concentración de estos recursos y las modificaciones a las reglas de inversión forman parte de los cuestionamientos dirigidos a la administración de Peña.
Ahorristas exigen recuperar su dinero
El impacto social de la quiebra ha sido uno de los aspectos más delicados del escándalo. De acuerdo con los reportes difundidos sobre la crisis, cerca del 45 por ciento de la población paraguaya habría resultado afectada directa o indirectamente por las restricciones financieras, situación que también generó incertidumbre entre trabajadores y sectores que dependen de esos recursos para sus ingresos y jubilaciones.
Tras la intervención y el cierre de la institución, cientos de ahorristas salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución inmediata de su dinero y responsabilidades por el colapso financiero.
Las movilizaciones llegaron hasta las inmediaciones del Congreso, donde la Policía Nacional utilizó gases lacrimógenos y un vehículo hidrante para dispersar a los manifestantes.
El conflicto mantiene bajo presión al Gobierno paraguayo, mientras las investigaciones avanzan sobre las posibles responsabilidades empresariales y políticas en la crisis de Ueno Bank. Entre tanto, los ahorristas continúan reclamando garantías para recuperar sus recursos y evitar que las consecuencias del colapso financiero recaigan sobre la población.


