El organismo solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización emergente de contratos, compras y servicios realizados entre 2016 y 2026. También contempla una auditoría externa, un buzón de denuncias anónimas y nuevos controles para evitar actos de corrupción.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan de acciones para atender la crisis institucional derivada de los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, con el propósito de esclarecer las irregularidades, establecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de transparencia y vigilancia interna.
Entre las principales medidas se encuentra solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización de todas las compras, arrendamientos y servicios contratados por el organismo entre 2016 y 2026.
El programa también contempla la posibilidad de contratar una auditoría externa con una entidad privada, así como habilitar un buzón electrónico para recibir denuncias anónimas sobre posibles actos irregulares dentro del instituto.
Asimismo, se establecerán mecanismos para preservar documentos, elaborar un inventario de los contratos sujetos a revisión y dar prioridad a aquellos cuya ejecución pudiera afectar el proceso electoral en curso.
La revisión buscará identificar las condiciones que permitieron las presuntas irregularidades y detectar deficiencias en los mecanismos de control administrativo, incluidos los procedimientos relacionados con el acceso al padrón electoral y otra información reservada o confidencial bajo resguardo del INE.
Durante la discusión, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos coincidieron en que la crisis no puede darse por resuelta únicamente con la renuncia de Guadalupe Taddei, sino que es necesario esclarecer los hechos y aplicar las sanciones administrativas o penales que correspondan.
El consejero Arturo Castillo calificó la situación como la crisis más grave en la historia del organismo y recordó que la Constitución contempla la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos relacionados con corrupción.
“Sin duda alguna es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución. Jamás se había visto la renuncia de la Presidencia del Consejo General vinculada a un escándalo de corrupción”, expresó.
Por su parte, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, aseguró que la autonomía del organismo no debe confundirse con falta de transparencia y ofreció colaboración con las autoridades responsables de investigar los hechos y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes.
Buscan terminar con favoritismos y adjudicaciones directas
Durante la sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey sostuvo que una de las principales tareas de esta nueva etapa es corregir las prácticas administrativas que pudieron favorecer a determinados proveedores.
“La tarea principal del INE es limpiar la casa para que lo sucedido no vuelva a ocurrir”, señaló.
Entre sus propuestas planteó abrir las contrataciones a procesos de licitación, incluso internacionales, y reservar las adjudicaciones directas para situaciones excepcionales, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y prevenir conflictos de interés.
También propuso crear una comisión de administración con participación de los consejeros electorales, quienes, según expuso, habían quedado excluidos de decisiones que durante la gestión anterior concentró la Junta General Ejecutiva.
En tanto, los representantes partidistas exigieron identificar quiénes autorizaron los pagos a un grupo reducido de proveedores presuntamente favorecidos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Ernesto Guerra, representante del partido PAZ, advirtió que la salida de Taddei no debe representar el cierre de las investigaciones.
“Es imperativo limpiar el mugrero que se dejó. La renuncia no significa que esto quede así”, manifestó.
Cancelan reunión sobre revisión de candidaturas
En medio de la reorganización institucional, el INE canceló una reunión programada para este viernes con funcionarios de las áreas de seguridad federal e inteligencia financiera, que habría sido el primer encuentro para comenzar a diseñar los mecanismos de verificación de integridad de las candidaturas que participarán en las elecciones del próximo año.
Por otra parte, Blanca Cruz informó que revisará las demandas laborales de los trabajadores que operan los módulos de atención ciudadana, quienes han solicitado mejores condiciones de trabajo y advirtieron sobre la posibilidad de realizar un paro de actividades.
La nueva etapa del organismo también ha estado acompañada de cambios en su dinámica interna, con un mayor acercamiento entre los consejeros electorales y la recuperación de espacios de deliberación colegiada.
Con estas medidas, el INE busca recuperar la confianza pública, fortalecer sus controles administrativos y garantizar que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades no queden limitadas a la salida de quienes encabezaron anteriormente el organismo.
