La denuncia presentada por Adriana Gabriela Arreola Dueñas señala al gobernador Pablo Lemus y a elementos policiales por presuntas agresiones, vejaciones y actos de tortura durante una manifestación realizada el pasado 11 de octubre para exigir agua limpia.
GUADALAJARA, JALISCO.- La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación de la denuncia presentada por la activista y abogada Adriana Gabriela Arreola Dueñas contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por presuntas agresiones y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante una manifestación el pasado 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del mandatario.
La determinación fue notificada a la denunciante mediante un acuerdo fechado el 30 de octubre, en el que la autoridad federal informó que ejerció sus facultades de investigación sobre los hechos y delitos señalados en la denuncia.
“Desde el inicio de la presente indagatoria y atendiendo a los hechos y delitos denunciados hasta este momento de la secuela procesal, esta autoridad federal ha ejercido la facultad de la investigación”, establece el documento.
Arreola Dueñas, directora del colectivo Acceso a la Salud, Justicia y Educación, solicitó la intervención de la FGR el 28 de octubre, debido a su desconfianza en las autoridades estatales y en la manera en que se han investigado los acontecimientos.
De acuerdo con su denuncia, durante la movilización para exigir agua limpia, elementos policiales la agredieron después de que intervino para pedir que dejaran de golpear a otros manifestantes, luego de que se utilizaran gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La activista relató que tres mujeres policías la levantaron en vilo y la trasladaron al interior de Casa Jalisco junto con su hija de 19 años, Adriana María Aceves Arreola, quien también fue detenida.
Aseguró que durante el traslado sufrió agresiones físicas y actos que atentaron contra su integridad y dignidad, al grado de que le levantaron la sudadera y le bajaron el pantalón deportivo.
“Me iban agrediendo, me subieron la sudadera y me bajaron el pants. Cuando estuvimos en la Fiscalía del Estado nos desnudaron a todos los que estuvimos ahí. No sé quién los está asesorando y por qué tratan a las personas de esa manera”, denunció.
También señaló que las policías utilizaron la mascada que llevaba para amarrarla y que, incluso ante la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), intentaron levantarla y casi la ahorcaron con la capucha de su sudadera.
Las lesiones que presuntamente sufrió fueron documentadas mediante un parte médico, que forma parte de los elementos relacionados con su denuncia.
La solicitud de intervención federal ocurrió después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también asumiera investigaciones sobre la actuación policial durante la protesta y señalara que el grupo de choque que provocó disturbios habría estado coordinado directamente con autoridades policiales.
En tanto, pese a que el gobernador Pablo Lemus habría anunciado la apertura de una investigación para sancionar posibles abusos policiales, el gobierno estatal no había reconocido la existencia de actos de tortura contra los manifestantes, según lo expuesto por la denunciante.
Por otra parte, la titular de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, fue llamada a comparecer ante legisladores locales, quienes cuestionaron su actuación y la señalaron por un presunto encubrimiento, luego de negar que hubiera existido tortura contra decenas de personas retenidas en Casa Jalisco.
El abogado de la activista, José Francisco Salazar González, consideró que la decisión de la FGR representa un avance para esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas.
Señaló que la denuncia contra el mandatario estatal tiene como objetivos determinar las responsabilidades correspondientes, lograr que se impongan las sanciones que procedan y obtener la reparación integral del daño.
La intervención de la Fiscalía federal abre una nueva etapa en el caso, en el que se busca esclarecer las circunstancias de las detenciones y las presuntas agresiones cometidas durante la manifestación del 11 de octubre.
