El Comité contra la Desaparición Forzada reconoció los avances en la localización de personas, pero advirtió sobre indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El Gobierno mexicano rechazó la interpretación del organismo sobre la aplicación de la Convención y defendió su estrategia de búsqueda y cooperación internacional.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que su decisión de solicitar que la situación de México sea examinada por la Asamblea General ya generó un primer resultado: el Estado mexicano reportó la localización de más de 16 mil personas desaparecidas durante 2026, de un universo superior a 130 mil casos registrados oficialmente.
Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del CDF, el ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció los avances reportados por las autoridades mexicanas y pidió mantener los mecanismos de cooperación internacional para atender la problemática.
“Felicitamos estos avances”, expresó, al tiempo que llamó a dar continuidad a la colaboración con países como España y Alemania, así como con organismos internacionales y el propio Comité.
Albán Alencastro subrayó que el CDF continuará monitoreando la situación en México, solicitando información, promoviendo diálogos constructivos y registrando acciones urgentes relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.
México rechaza que el caso sea llevado al pleno de la ONU
Durante la misma sesión, el Gobierno mexicano reiteró su rechazo a la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, disposición invocada por el organismo para solicitar que la situación del país sea considerada de manera urgente por la Asamblea General.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, sostuvo que México mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional, pero no comparte la interpretación jurídica del Comité.
“El Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad”, afirmó el funcionario, quien aseguró que la búsqueda continúa y que la atención de este delito constituye una prioridad nacional.
Medina también reconoció el sufrimiento de las madres y familias buscadoras y reiteró el compromiso gubernamental de localizar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares.
Comité advierte sobre indicios de crímenes de lesa humanidad
Previamente, el presidente del CDF explicó que, tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como los antecedentes reunidos desde 2012, el organismo concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El Comité también señaló la persistencia de esta práctica hasta la actualidad. Sin embargo, Albán Alencastro aclaró que no encontró indicios fundados de la existencia de una política federal dirigida deliberadamente a cometer desapariciones forzadas, ya fuera mediante acciones de las autoridades o por omisión.
Asimismo, precisó que la decisión de solicitar la intervención de la Asamblea General no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad internacional del Estado mexicano.
El representante del organismo explicó que el artículo 34 establece un mecanismo preventivo excepcional destinado a llamar la atención internacional y movilizar la cooperación ante situaciones particularmente graves.
En ese sentido, indicó que corresponderá a la Asamblea General valorar las posibilidades de apoyo internacional que ofrece el procedimiento, en caso de que México considere necesario recibir asistencia en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, atención a la crisis forense y protección de las víctimas y sus familias.
México destaca cooperación internacional y revisión del registro
En su intervención, Arturo Medina destacó las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano para fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación humana, así como la investigación de los casos de desaparición.
Entre las medidas mencionó la conformación de un grupo de expertos internacionales, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
También destacó la colaboración con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para mejorar los procesos de identificación humana, además del trabajo conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El subsecretario atribuyó a la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas la localización de más de 16 mil personas durante 2026, cifra que, señaló, refleja los resultados de las acciones desarrolladas por el Estado mexicano.
El intercambio ante la ONU mantiene abiertas las diferencias entre el Gobierno de México y el Comité respecto al procedimiento internacional, mientras persiste el desafío de esclarecer los casos de desaparición, fortalecer las investigaciones y garantizar respuestas a miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.
