Con 419 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para tipificar y sancionar el reclutamiento criminal de menores de edad y adultos. Las penas podrán aumentar hasta 10 años adicionales cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean migrantes o el delito sea cometido por funcionarios o exintegrantes de corporaciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el propósito de establecer sanciones de hasta 20 años de prisión por el reclutamiento forzado de personas para incorporarlas a las filas del crimen organizado.
Los cambios legales también contemplan un incremento de hasta 10 años adicionales en las penas cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean migrantes o cuando el delito sea cometido por servidores públicos o personas que hayan pertenecido a corporaciones de seguridad pública o a la Fuerza Armada permanente.
Durante la discusión en el pleno, legisladores de Morena, PAN y Partido del Trabajo (PT) coincidieron en la necesidad de establecer herramientas jurídicas específicas para perseguir a quienes captan, engañan, amenazan o coaccionan a personas para integrarlas a estructuras criminales, particularmente a niñas, niños y adolescentes.
Buscan cerrar vacío jurídico
Al fundamentar la reforma, la diputada de Morena Elena Edith Segura Trejo señaló que la falta de una figura penal específica para el reclutamiento forzado había dificultado durante años su identificación, investigación y sanción.
Explicó que, ante la ausencia de un tipo penal propio, estos hechos pueden investigarse mediante otras figuras delictivas, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada.
Esta dispersión, advirtió, puede fragmentar las investigaciones y dificultar el registro de los casos, además de impedir que se identifique de manera precisa la conducta de quienes captan e incorporan personas a organizaciones criminales.
Segura Trejo añadió que el reclutamiento puede concretarse mediante falsas ofertas de empleo, engaños, amenazas, violencia, coacción o el aprovechamiento de las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las víctimas.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, sostuvo que las investigaciones deberán considerar quién los captó, cómo fueron incorporados a las estructuras delictivas y si existieron amenazas, violencia o abuso de sus circunstancias personales.
Alertan sobre captación de jóvenes en redes sociales
Por su parte, el diputado panista José Guillermo Anaya Llamas destacó que la reforma responde a una realidad en la que grupos criminales recurren a redes sociales, anuncios impresos y falsas ofertas laborales para atraer a jóvenes y sumarlos a sus actividades ilícitas.
El legislador subrayó las consecuencias que este fenómeno provoca en las familias, especialmente cuando pierden contacto con sus hijos y deben buscarlos en hospitales, fiscalías y otras instituciones sin conocer su paradero.
Consideró necesario contar con disposiciones que permitan perseguir eficazmente a quienes realizan el reclutamiento, pero también garantizar la protección integral de las personas captadas, en particular de los menores de edad.
Advierten reclutamiento de niños desde los siete años
La diputada del PT Lilia Aguilar Gil señaló que el reclutamiento forzado afecta a entidades como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, donde, afirmó, incluso se incorpora a niños de siete años a actividades vinculadas con organizaciones criminales.
Al referirse a su estado, Chihuahua, expuso que algunos menores son utilizados en actividades relacionadas con la siembra de amapola debido a su conocimiento del terreno y de las zonas serranas.
La legisladora enfatizó que estos niños deben ser considerados víctimas y no delincuentes, al señalar que en determinados casos son obligados a participar bajo amenazas contra su vida.
Aguilar Gil sostuvo que la reforma busca visibilizar un fenómeno que durante años permaneció sin una respuesta jurídica suficientemente específica y establecer consecuencias penales adicionales para quienes recluten personas con fines criminales.
Con la aprobación de los cambios, la Cámara de Diputados busca fortalecer las herramientas legales contra el reclutamiento forzado y reconocer la situación de vulnerabilidad de quienes son incorporados a organizaciones delictivas. La reforma deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para su entrada en vigor.
