Luis Antonio Espinosa Campos es investigado por presunto peculado relacionado con recursos públicos destinados a una televisora durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche.

Ciudad de México.— La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo este lunes en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de diversas empresas vinculadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Espinosa Campos fue aprehendido a las 14:40 horas en un inmueble ubicado en la calle Charco Azul, en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. Posteriormente fue trasladado a Campeche, donde quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de esa entidad.

El detenido es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, derivado de hechos que habrían ocurrido durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.

Las investigaciones están relacionadas con recursos públicos destinados a Mayavisión, empresa televisora fundada por Espinosa Campos el 20 de junio de 2016. De acuerdo con las indagatorias, el área de Comunicación del gobierno estatal habría pagado alrededor de 97 millones de pesos a dicha compañía, sin que se encontrara documentación o evidencia material suficiente para acreditar parte de los servicios contratados, por lo que las autoridades investigan si algunas operaciones pudieron haber sido simuladas.

De ese monto, al menos 36 millones de pesos estarían relacionados con el presunto desvío de recursos que se atribuye al contador.

La investigación también contempla los movimientos financieros de Espinosa Campos entre 2020 y 2024. En ese periodo, habría recibido 36 millones 226 mil pesos, de los cuales aproximadamente 27 millones fueron registrados como “préstamos”, operaciones que ahora son revisadas por las autoridades para determinar su procedencia.

Espinosa Campos también aparece relacionado con nueve empresas, entre ellas Difusora de Comunicación del Sureste, S.A. de C.V., razón social de Mayavisión, donde figura como accionista y administrador único.

Sus actividades empresariales también lo vinculan con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno, ya que estuvo al frente de la representación de EMC Metering Systems y Flow Control Medición, compañías constituidas por éste. Asimismo, habría tenido participación accionaria en otras sociedades como Taxation Consulting S.C., Operadora 3R, GEZ Grupo de Negocios Empresariales del Sureste, Palma Real del Sureste, Refaccionaria Caes y Novedades de Campeche.

La relación profesional entre ambos también quedó registrada a través del despacho Espinosa Campos y Asociados S.C., donde figuraban como clientes Flow Control Instrumentation S.A. de C.V. y EMC Metering Systems S.A. de C.V. Además, registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestran que personal del despacho realizó trámites para Emigdio Gabriel Moreno y sus empresas.

A las investigaciones se suman documentos fiscales obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre ellos cuatro facturas que registran pagos mensuales de 900 mil pesos a Mayavisión entre marzo y junio de 2021, por un total de 3.6 millones de pesos.

Los comprobantes corresponden a servicios de comunicación oficial, como difusión de actividades y programas gubernamentales, propaganda institucional y publicidad televisiva. En ese momento, Campeche era gobernado por Carlos Miguel Aysa González, quien asumió como gobernador interino tras la salida de Alejandro Moreno en junio de 2019.

Las cuatro facturas forman parte de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, que busca determinar el destino y la legalidad de los recursos entregados a Mayavisión.

La detención de Espinosa Campos abre ahora una nueva etapa en las indagatorias, mientras las autoridades deberán determinar su posible responsabilidad penal y la procedencia de los recursos financieros bajo investigación.

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