Empleados del Décimo Circuito se sumaron al paro nacional contra el nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial; exigen dejar sin efecto el acuerdo del Órgano de Administración Judicial y advierten que podrían realizar bloqueos.
TABASCO.- Al menos mil 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), adscritos al Décimo Circuito con sede en Villahermosa, iniciaron una suspensión total de labores con efectos inmediatos, en rechazo al nuevo esquema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, publicado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Los empleados se sumaron al paro nacional convocado para este viernes 6 de noviembre, al considerar que las nuevas disposiciones representan un riesgo para sus derechos laborales y estabilidad en sus puestos, pese a que las autoridades federales sostienen que la primera evaluación tendrá carácter exclusivamente diagnóstico.
José Felipe Ochoa Landero, representante del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación, señaló que la inconformidad podría escalar a movilizaciones en las calles si no existe una respuesta favorable a sus demandas.
Advirtió que se trata de una protesta activa y no solamente de una manifestación simbólica, por lo que no descartó el cierre de calles y avenidas para exigir que se respeten sus derechos laborales.
La movilización en Tabasco forma parte de una protesta nacional en la que participan trabajadores de Monterrey, Morelos, Coatzacoalcos, Nayarit, Guanajuato, Morelia, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Toluca, Pachuca, Chilpancingo, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco y Baja California Sur, entre otras entidades.
La inconformidad surgió luego de que el pasado 5 de noviembre se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que regula la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026.
Entre los principales cuestionamientos de los trabajadores se encuentra la integración de las calificaciones, debido a que el examen de conocimientos representará 40 por ciento del resultado, mientras que el porcentaje restante dependerá de otros componentes, incluidas las evaluaciones de sus superiores jerárquicos.
Por su parte, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJF, sostuvo que la suspensión de actividades tiene como finalidad obligar a las autoridades a revisar las disposiciones y establecer un mecanismo que consideren justo.
Afirmó que la condición para regresar a sus oficinas es que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos el acuerdo y suspenda su aplicación.
AUTORIDADES ASEGURAN QUE NO HABRÁ DESPIDOS
Ante las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial aclaró que la primera evaluación, programada para diciembre, será exclusivamente diagnóstica, por lo que no habrá aprobación o reprobación ni consecuencias sobre la permanencia laboral de los trabajadores.
Explicó que el procedimiento busca identificar fortalezas y áreas de oportunidad para diseñar programas de capacitación y fortalecer el desarrollo profesional del personal.
El esquema contempla un curso de capacitación, un examen de conocimientos y evaluaciones por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
De acuerdo con los criterios establecidos, la calificación mínima aprobatoria será de 80 puntos. Quienes obtengan entre 80 y 100 serán evaluados nuevamente cada dos años; aquellos que alcancen entre 60 y 79 deberán recibir y acreditar un curso de capacitación definido por la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ).
En tanto, quienes obtengan menos de 60 puntos tendrán la posibilidad de presentar un examen extraordinario y, en caso de no acreditarlo, podrán recurrir a un recurso de revisión para impugnar el procedimiento o las calificaciones.
Pese a las aclaraciones del organismo federal, los trabajadores mantienen su rechazo al acuerdo y condicionan el levantamiento del paro a que las autoridades atiendan sus exigencias.
