Ante la OEA, el representante mexicano Alejandro Encinas cuestionó que se equipare al narcotráfico con el terrorismo y alertó que recurrir a un mecanismo de defensa colectiva de la Guerra Fría podría abrir la puerta a intervenciones militares y vulnerar la soberanía de los países.
WASHINGTON.— México rechazó en la Organización de los Estados Americanos (OEA) la convocatoria al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional, al considerar que recurrir a un mecanismo de defensa colectiva surgido durante la Guerra Fría podría incrementar la violencia y poner en riesgo la soberanía de los países de la región.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el representante permanente de México, Alejandro Encinas, expresó su preocupación por la resolución aprobada por 14 de los 18 Estados parte del TIAR que participaron en la votación, la cual plantea examinar medidas contra los cárteles que no impliquen el uso de la fuerza armada.
Brasil y Uruguay votaron en contra, mientras que México no participó en la votación debido a que denunció el tratado en 2002 y dejó de ser Estado parte.
Encinas cuestionó que se pretenda establecer un vínculo automático entre el crimen organizado y el terrorismo, al señalar que son fenómenos distintos y cuentan con marcos jurídicos internacionales propios.

El diplomático rechazó categóricamente el concepto de narcoterrorismo, al considerar que carece de una definición consensuada internacionalmente. Advirtió que designar unilateralmente a una organización criminal como terrorista no modifica las normas internacionales sobre el uso de la fuerza ni autoriza operaciones militares en territorio de otros países.
Asimismo, sostuvo que corresponde al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas determinar las medidas relacionadas con amenazas a la paz y la seguridad internacionales, conforme al marco jurídico establecido.
Durante su intervención, recordó los antecedentes históricos del TIAR y cuestionó su utilización en conflictos regionales. Mencionó que una de sus primeras invocaciones estuvo relacionada con Guatemala, en un contexto que derivó en la intervención estadounidense y el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz.
También señaló que la guerra de las Malvinas, en 1982, evidenció las limitaciones del tratado, mientras que su última invocación, en 2019, durante la crisis venezolana, mostró los riesgos de abordar conflictos internos como asuntos de seguridad colectiva regional.
“Las prioridades de seguridad no pueden quedar subordinadas a consideraciones políticas y estrategias de terceros países”, sostuvo Encinas.
El representante mexicano advirtió que la resolución no representa la voluntad de todos los integrantes de la organización y consideró que avanzar por esa vía podría llevar a la OEA a un escenario de difícil retorno, poniendo en riesgo su misión y futuro institucional.
México pide atender las causas del narcotráfico
En materia de seguridad, Encinas subrayó que el narcotráfico no puede considerarse un problema exclusivo de los países latinoamericanos ni atribuirse únicamente a las naciones productoras y de tránsito.
“El narcotráfico no nace al sur de los Estados Unidos”, afirmó, al señalar que esta actividad criminal se sostiene mediante una cadena internacional que incluye la demanda de drogas, el tráfico de armas y los sistemas financieros que permiten el funcionamiento de las organizaciones delictivas.
Por ello, llamó a atender de manera integral los mercados de consumo, las fuentes de abastecimiento de armamento y los mecanismos financieros utilizados por los cárteles para mantener sus operaciones.
Finalmente, recordó que la OEA dispone de organismos especializados para impulsar la cooperación regional, entre ellos la Secretaría de Seguridad Multidimensional y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
Reiteró que México está dispuesto a fortalecer el intercambio de inteligencia y la colaboración policial y judicial con otros países, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional.
Con esta postura, el Gobierno mexicano fijó su rechazo a que la lucha contra el crimen organizado se convierta en una justificación para ampliar mecanismos de intervención militar en América Latina.


