Luz del Carmen Godínez se escudó en que la CNDH atrajo la investigación para no entregar videos, documentos ni avances; diputados denunciaron omisiones, cuestionaron que se descartara la tortura sin aplicar el Protocolo de Estambul y exigieron su renuncia.
GUADALAJARA, JALISCO.— Entre cuestionamientos por presuntas torturas, golpes, amenazas de desaparición y uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes que exigían agua limpia el pasado 11 de octubre, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, evitó ofrecer cuentas claras sobre la actuación del organismo y justificó la falta de información al señalar que el caso fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso de Jalisco, la funcionaria sostuvo que la intervención federal, formalizada el 13 de octubre, dejó a la comisión estatal sin competencia jurídica para profundizar en las investigaciones, presentar documentación o revelar avances del expediente.
Sin embargo, su postura generó fuertes confrontaciones con legisladores de oposición, quienes cuestionaron que la CEDHJ descartara posibles actos de tortura, pese a que —señalaron— no se habría aplicado el Protocolo de Estambul, instrumento internacional para investigar y documentar este tipo de abusos.
Godínez González argumentó que “no toda agresión policial constituye jurídicamente una tortura” y aseguró que personal de la comisión acompañó a los 39 detenidos, sin que ninguno manifestara en ese momento haber sufrido dicha práctica. Según su explicación, el organismo únicamente documentó un posible uso excesivo de la fuerza.
Los diputados reprocharon que la institución minimizara los testimonios de las víctimas, quienes denunciaron incomunicación, golpes, amenazas de desaparición forzada y lesiones graves. Entre los casos expuestos mencionaron el de un joven que presuntamente ingresó a Casa Jalisco con toda su dentadura y salió sin cinco dientes, como consecuencia de las agresiones.
Durante poco más de dos horas, la titular de la CEDHJ insistió en que el sigilo de la investigación y la autonomía de la CNDH le impedían revelar actas circunstanciadas, grabaciones, fotografías, videos y detalles sobre el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas tras los hechos.
Cuestionan detenciones y uso de fuerza
Otro de los puntos polémicos fue el traslado de los detenidos, pues legisladores cuestionaron que presuntamente permanecieran en un cuarto dentro de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, antes de ser llevados ante la Fiscalía estatal.
La presidenta de la comisión rechazó esa versión y sostuvo que no existían condiciones para trasladarlos inmediatamente, debido a la violencia registrada durante la manifestación.
“No había condiciones para poderlos sacar del exterior (sic) de Casa Jalisco. La manifestación, como sabemos, fue muy violenta. En cuanto hubo condiciones, alrededor de las 16 horas, personal de la comisión acompañó a los detenidos a la Fiscalía del Estado para que fueran depositados allá”, declaró.
El diputado Enrique Velázquez, de Hagamos, denunció omisiones en el informe de la CEDHJ y reprochó que no se abordara la presunta utilización de camiones de bomberos y unidades de Protección Civil para lanzar chorros de agua a presión contra los manifestantes.
También cuestionó la falta de medidas cautelares dirigidas al Gobierno estatal para preservar las grabaciones del sistema C5, luego de que imágenes del operativo fueran filtradas en cuentas particulares y utilizadas, según los legisladores, para criminalizar a quienes participaron en la protesta.
Oposición exige renuncia de la ombudsperson
La comparecencia escaló cuando diputados de Futuro, Hagamos, Morena, PT y PAN acusaron a la comisión de actuar con pasividad frente a los abusos denunciados y de proteger la imagen del gobierno estatal.
Mientras Movimiento Ciudadano intentó justificar las limitaciones del organismo bajo la necesidad de reformar su marco legal, legisladores opositores calificaron a la CEDHJ de cómplice del Ejecutivo y reprocharon su falta de independencia en la defensa de las víctimas.
La diputada Tonantzin Cárdenas, de Futuro, lanzó un severo reclamo a Godínez González, al acusarla de haber renunciado a su responsabilidad de proteger a la ciudadanía.
“Usted ha decidido en toda su gestión renunciar a la posibilidad de defender a la gente”, le espetó.
Las voces opositoras exigieron formalmente la renuncia de la presidenta de la CEDHJ, al considerar que el organismo se ha convertido en una instancia burocrática, distante de las víctimas y sin capacidad de responder ante presuntas violaciones a los derechos humanos.
La comparecencia dejó en evidencia el enfrentamiento político en torno a la actuación de la comisión estatal y la exigencia de esclarecer los hechos del 11 de octubre, particularmente las denuncias de abuso policial, la integridad de los detenidos y la transparencia en las investigaciones.


