Alexander “N” recibió una condena de siete años, nueve meses y 10 días de cárcel por portación de arma sin licencia, posesión de granadas y armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; su acompañante, Manuel “N”, continúa sujeto a proceso.
Tenosique, Tab.— La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de siete años, nueve meses y 10 días de prisión contra Alexander “N”, por delitos relacionados con la portación y posesión de armas de fuego, así como de granadas, tras su detención en el municipio de Tenosique.
De acuerdo con la dependencia federal, la condena se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los elementos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.

La investigación señala que los hechos derivaron de una diligencia en la que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvieron a Alexander “N” y Manuel “N”.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego, cartuchos, cargadores y dos granadas, cuyo hallazgo dio origen a las investigaciones correspondientes por delitos federales.

Alexander “N” fue procesado por portación de arma de fuego sin licencia, posesión de granadas y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
Durante la audiencia intermedia, la autoridad judicial autorizó la celebración de un procedimiento abreviado, mediante el cual se determinó imponerle la pena privativa de la libertad.

Además de la condena de siete años, nueve meses y 10 días de prisión, la sentencia contempla el pago de una multa de 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil 525 pesos con seis centavos.
En cuanto a Manuel “N”, la FGR informó que su audiencia intermedia fue reprogramada, por lo que su situación jurídica continúa pendiente de las determinaciones correspondientes.
La Fiscalía General de la República reiteró que las investigaciones y los procedimientos penales por delitos federales se desarrollan con base en los elementos de prueba presentados ante las autoridades judiciales.


