La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio por posibles conflictos de intereses, colusión y triangulación de recursos públicos. La indagatoria incluye al instituto electoral, organismos locales, empresas, proveedores y servidores públicos relacionados.
Ciudad de México.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones y el posible uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE), ante indicios relacionados con posibles conflictos de intereses, colusión y triangulación de operaciones.
En un comunicado, el órgano fiscalizador informó que ya cuenta con elementos suficientes para iniciar las indagatorias, derivadas de hechos recientemente divulgados sobre el instituto electoral.
La investigación no se limitará al INE, sino que también abarcará a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), así como a empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionados con las operaciones bajo revisión.
La ASF señaló que, en ejercicio de sus nuevas facultades en materia de investigación, actuará con independencia, objetividad y rigor técnico para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.
PRI solicitará información sobre la situación administrativa
Por su parte, Emilio Suárez Licona, diputado federal y representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del INE, informó que la Comisión de Vigilancia de la ASF solicitará al Órgano Interno de Control del instituto un informe sobre la situación administrativa interna.
Durante la sesión del Consejo General del pasado jueves, el legislador intentó exponer diversas dudas relacionadas con posibles conflictos de intereses en contrataciones y nombramientos dentro del organismo electoral.
Entre los asuntos señalados se encuentra el registro de Jonathan Navarrete Torres como chofer en la oficina de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos, cantidad que, según los señalamientos expuestos, supera la remuneración habitual de un conductor dentro del organismo.
Otro caso corresponde a Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador de Taddei desde su etapa en el Instituto Electoral de Sonora, quien percibe un salario mensual bruto de 70 mil pesos. Las condiciones de su contratación y las actividades que desempeña forman parte de los cuestionamientos planteados por el representante priista.
Revisan nombramiento de exrepresentante de empresas
Asimismo, Suárez Licona señaló el caso de Jesús Octavio García González, quien anteriormente se desempeñó como representante de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg ante el INE y organismos electorales locales.
De acuerdo con los señalamientos, García González fue designado encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE en septiembre de 2025 y presentó su renuncia en abril de 2026.
Su trayectoria previa y su posterior nombramiento motivaron cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses, aspecto que deberá analizarse a partir de la información documental y administrativa correspondiente.
Hasta el momento, los señalamientos referidos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad. La investigación de la ASF deberá establecer si existieron irregularidades y, en su caso, identificar a las personas o entidades involucradas.
El desarrollo de las indagatorias será relevante para determinar si los procesos de contratación y asignación de cargos en el organismo electoral se apegaron a la normativa aplicable y si hubo afectaciones al uso adecuado de los recursos públicos.
