La nueva instancia podrá solicitar información a fiscalías estatales sobre aspirantes, incluidos suplentes, para prevenir la infiltración de personas vinculadas con el crimen organizado en los procesos electorales.
CIUDAD DE MÉXICO.— Por primera vez en la historia de los procesos electorales del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, de cara a los comicios de 2027, con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención ante posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada.
Durante su instalación, la comisión aprobó los lineamientos que regularán su actuación y que contemplan la posibilidad de realizar peticiones directas a las fiscalías estatales para verificar información relacionada con las personas que aspiren a cargos de elección popular, incluidos quienes sean registrados como suplentes.
El presidente de la comisión, el consejero electoral Arturo Chávez López, señaló que esta nueva instancia representa un mecanismo para fortalecer la democracia y reducir los riesgos de infiltración delictiva en los procesos electorales.
“La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”, sostuvo.
Chávez López destacó que actualmente existen acusaciones entre diputados, senadores, dirigentes políticos y representantes partidistas, quienes se señalan mutuamente de pertenecer a “narcopartidos” o formar parte de “narcogobiernos”, además de atribuir presuntos vínculos criminales a gobernantes de distintos niveles.
Ante este escenario, explicó, surgió la necesidad de establecer un mecanismo institucional que permita prevenir y detectar posibles relaciones entre candidaturas y organizaciones delictivas, particularmente después de que el proceso electoral de 2024 registrara uno de los mayores niveles de violencia política y criminal contra personas vinculadas con la actividad electoral.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas quedó integrada por la consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Arturo Chávez López, quien fungirá como presidente, y Uuc-kib Espadas Ancona.
Espadas Ancona aclaró que la comisión no actuará de manera espontánea, sino únicamente cuando exista una solicitud de los partidos políticos, por lo que serán estos institutos quienes deberán recurrir formalmente al mecanismo de verificación.
“Si no lo piden, no hay nada qué hacer”, explicó el consejero, al señalar que la comisión no puede iniciar por cuenta propia una investigación sobre una candidatura.
No obstante, consideró previsible que durante el proceso electoral lleguen solicitudes relacionadas con candidaturas completas, incluyendo titulares y suplentes, y sostuvo que, en esos casos, la instancia deberá atender las peticiones correspondientes.
Por su parte, Chávez López enfatizó que los trabajos de la comisión deberán realizarse bajo reglas estrictas y con respeto a los derechos de las personas involucradas.
Su actuación, subrayó, deberá limitarse “estrictamente por solicitud de parte interesada”, además de garantizar el consentimiento previo, libre, informado e inequívoco de los sujetos sometidos a los mecanismos de verificación.
La instalación de esta comisión deriva del artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en materia de integridad en candidaturas, que establece la obligación de que esta instancia se encuentre integrada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027.
Con esta medida, el INE busca establecer un mecanismo preventivo frente a uno de los principales riesgos para la integridad de los procesos democráticos: la eventual participación de personas vinculadas con grupos delictivos en las candidaturas a cargos de elección popular.
