La revisión incluye posibles anomalías en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos; también serán investigados funcionarios, empresas y proveedores relacionados.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se difundieran señalamientos sobre posibles irregularidades en el manejo del presupuesto del organismo.
A través de un comunicado, la entidad fiscalizadora informó que las indagatorias no se limitarán al INE, sino que también abarcarán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a empresas, personas servidoras públicas y proveedores que pudieran estar relacionados con los hechos.
La ASF precisó que ya cuenta con elementos e indicios sobre posibles anomalías en diversas contrataciones, así como presuntos conflictos de interés, acuerdos entre particulares para favorecer determinadas operaciones y esquemas de triangulación de recursos.

“En virtud de lo anterior, derivado de las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación y, toda vez que ya se cuenta con elementos e indicios suficientes, este órgano superior de fiscalización investigará lo señalado con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”, señaló la institución.
El inicio de las indagatorias busca esclarecer los hechos divulgados y determinar si existieron irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, así como identificar a las personas físicas o morales que pudieran tener alguna responsabilidad.
Hasta el momento, la ASF no detalló cuáles son las contrataciones bajo revisión ni precisó los montos que podrían estar involucrados. Tampoco informó sobre posibles sanciones, ya que estas dependerán de los resultados que arroje la investigación.

El caso coloca bajo revisión el manejo de recursos destinados a las instituciones electorales, cuya fiscalización resulta relevante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso del presupuesto público.


