Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de una disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y negó el amparo promovido por Javier Gutiérrez Becerril, exsubdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien permanecerá inhabilitado durante 10 años para desempeñar cargos públicos.
La resolución fue aprobada por unanimidad del Pleno del máximo tribunal, que determinó que el artículo 209, fracción II, tercer párrafo, de la citada ley no vulnera el derecho de defensa del exfuncionario, sancionado en 2023 por presuntas irregularidades en contratos millonarios de gas natural licuado adjudicados en 2016 a la empresa estadounidense WhiteWater Midstream, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Corte descarta violación al debido proceso
Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que la norma impugnada no resulta inconstitucional porque la declaratoria de incompetencia de un tribunal no modifica la situación jurídica del presunto responsable ni limita su derecho de defensa.
“El precepto reclamado no resulta inconstitucional al no prever que se deba notificar personalmente la declaratoria de incompetencia del tribunal, porque esa resolución no define la situación jurídica del presunto responsable y no afecta su defensa, pues el derecho a probar y alegar deberá ejercerlo ante la autoridad competente para resolver el procedimiento”, señaló la ministra.
Con este criterio, la Corte rechazó el argumento de Gutiérrez Becerril, quien sostenía que la legislación vulneraba el debido proceso al no establecer la obligación de realizar notificaciones personales en determinadas etapas del procedimiento administrativo.
Investigación por contratos y presunto enriquecimiento
El caso se originó en 2021, luego de una denuncia presentada por la auditoría interna de la CFE por presuntas irregularidades en contratos de gas natural licuado otorgados en 2016 a WhiteWater Midstream, una de las empresas que incrementó su participación en el mercado energético mexicano tras la reforma impulsada durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Debido a que el exfuncionario no pudo ser localizado, las autoridades realizaron las notificaciones mediante edictos y, posteriormente, en 2023, la CFE determinó su destitución e inhabilitación por una década para ejercer funciones en el servicio público.
Paralelamente, el caso forma parte de una investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles hechos de corrupción relacionados con dichos contratos.
Asimismo, investigaciones periodísticas difundidas en años recientes señalaron que Gutiérrez Becerril habría adquirido propiedades de alto valor en el sur de Francia y en Houston, Texas, mientras aún ocupaba un cargo dentro de la empresa productiva del Estado.
Tribunal colegiado revisará otros recursos
Aunque la Suprema Corte rechazó el amparo respecto a la constitucionalidad de la ley, el expediente fue devuelto a un tribunal colegiado, el cual deberá resolver otros planteamientos presentados por la defensa del exfuncionario relacionados con la legalidad del procedimiento administrativo y la forma en que fue notificado durante el proceso.
La resolución de la SCJN representa un nuevo revés jurídico para Javier Gutiérrez Becerril y mantiene vigente la sanción administrativa impuesta por la CFE, mientras continúan las investigaciones sobre los contratos de gas natural licuado adjudicados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
