Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un caso sin precedentes que podría marcar un antes y un después en la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas en México, al analizar la posibilidad de reconocer a las abejas, en particular a la abeja melipona, como sujetos de derechos.
El asunto corresponde al amparo en revisión 790/2025, promovido por comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, que buscan que estos polinizadores cuenten con una figura jurídica propia que permita a sus cuidadores y guardianes acudir a los tribunales para defenderlas y exigir acciones de las autoridades destinadas a preservar su hábitat y evitar su desaparición.
La atracción del expediente fue aprobada este jueves por el Pleno de la Corte, a propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y del ministro Irving Espinosa Betanzo, con ocho votos a favor y uno en contra de la ministra María Estela Ríos González.
Protección ambiental con enfoque indígena
Durante la sesión, el ministro Irving Espinosa destacó que el caso permitirá a la Corte analizar la relación ancestral que el pueblo maya mantiene con las abejas y definir si las comunidades indígenas pueden ser reconocidas como guardianas legales de la naturaleza.
“Nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas, si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y con ello acudir a juicio en su nombre y representación, así como estudiar el estándar de actuación estatal frente a la crisis ecológica”, expresó.
Por su parte, el ministro Arístides Guerrero García señaló que la resolución podría establecer un criterio jurídico innovador para reconocer a la abeja melipona como sujeto de derechos o, al menos, otorgarle una protección especial derivada de los derechos bioculturales de los pueblos indígenas.
Explicó que esta especie posee un profundo valor económico, ambiental y cultural para las comunidades mayas, que durante siglos han desarrollado prácticas tradicionales para su conservación.
También revisarán protección del Anillo de Cenotes
En la misma sesión, el máximo tribunal acordó atraer otros dos recursos relacionados con la protección ambiental en la península de Yucatán.
El primero corresponde al amparo en revisión 138/2025, promovido por el colectivo conocido como Guardianes de los Cenotes, integrado por habitantes del pueblo maya de Homún, Yucatán.
En este asunto, la Corte analizará la petición para reconocer personalidad jurídica a la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, con el propósito de fortalecer su defensa frente a la expansión de granjas porcícolas y proteger el acuífero, el territorio y los derechos bioculturales de la comunidad.
Caso emblemático contra una megagranja porcícola
Asimismo, la SCJN revisará el amparo en revisión 195/2025, derivado de un litigio iniciado en 2018 por niñas, niños y adolescentes del pueblo maya de Homún, quienes obtuvieron la suspensión de operaciones de la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola).
El tribunal determinará si la autorización, instalación y funcionamiento de ese proyecto dentro del área natural protegida del Anillo de Cenotes, reconocida internacionalmente por la Convención Ramsar, representa un riesgo de contaminación para el ecosistema y los mantos acuíferos de la región.
Además, los ministros deberán resolver si dicha actividad vulnera derechos fundamentales de la comunidad, entre ellos el acceso al agua, el derecho a un medio ambiente sano, la salud, los derechos de la niñez y la preservación de la identidad cultural del pueblo maya.
Un precedente para la justicia ambiental
Los tres asuntos colocan a la Suprema Corte frente a decisiones que podrían redefinir el alcance de la justicia ambiental en México, al abrir la posibilidad de reconocer derechos propios a elementos de la naturaleza y fortalecer el papel de las comunidades indígenas como guardianas de los ecosistemas que históricamente han protegido.
Especialistas consideran que una resolución favorable podría sentar un precedente de alcance nacional sobre la protección jurídica de especies y territorios naturales, en un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la creciente defensa de los derechos de la naturaleza.
