Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de la que considera la mayor red de contrabando de combustible detectada en México, una organización que operaba mediante esquemas de importación irregular de hidrocarburos desde Estados Unidos y que habría ocasionado un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que las investigaciones permitieron identificar una compleja estructura integrada por empresas, operadores financieros, agentes aduanales y redes logísticas que durante años introdujeron combustible al país mediante declaraciones falsas y mecanismos de evasión fiscal.
Como resultado de las indagatorias, un juez federal libró 25 órdenes de aprehensión. Entre los detenidos se encuentra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal. La captura se realizó este jueves en Ensenada, Baja California.
Un esquema sofisticado de contrabando
De acuerdo con la Fiscalía, la red utilizaba un mecanismo conocido como “huachicol fiscal”, consistente en importar combustibles declarando volúmenes menores a los reales o registrando mercancías distintas para evitar el pago de impuestos y controles aduaneros.
Las investigaciones revelaron que entre enero y julio de 2025 se realizaron 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
La organización introducía gasolina y diésel procedentes de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, para posteriormente distribuirlos en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas.
Según la FGR, los operadores declaraban apenas el 10 por ciento de la capacidad real de los carros tanque utilizados para transportar el combustible. En algunos casos reportaban cargamentos de 10 mil litros cuando en realidad ingresaban hasta 110 mil litros.
“El combustible ingresaba sin revisión aduanera y posteriormente era transferido a pipas y tractocamiones de diversas empresas para su distribución en distintas regiones del país”, explicó Godoy Ramos.
Empresas como fachada
La investigación señala que el esquema operaba mediante una empresa vinculada a actividades portuarias, dragado y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel.
Aunque las compañías involucradas aparecían formalmente dedicadas a la importación de derivados del petróleo, las autoridades detectaron que sistemáticamente reportaban información falsa sobre los productos y cantidades introducidas al territorio nacional.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reconstruyó el entramado criminal mediante el análisis de información ministerial, fiscal, aduanera, ferroviaria y financiera, además de movimientos corporativos nacionales e internacionales.
Más de 15 millones de litros sin declarar
Las indagatorias determinaron que la organización dejó de reportar aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible, movilizados a través de 162 carros tanque ferroviarios.
Las diferencias entre los volúmenes autorizados y los realmente importados fueron considerables. En el caso del diésel, los cargamentos superaban hasta diez veces las cantidades permitidas por las autorizaciones oficiales. Para la gasolina regular, las empresas llegaron a introducir más de tres veces y media el volumen autorizado.
La evasión fiscal identificada por las autoridades alcanza cifras millonarias. Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la organización habría dejado de pagar más de 88.5 millones de pesos. A ello se suman más de 18.2 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), para un total superior a 106.8 millones de pesos en contribuciones omitidas documentadas en la investigación.
La ruta del dinero
Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el rastreo financiero de la organización.
La FGR identificó movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.
Las autoridades detectaron un patrón recurrente de dispersión de recursos: el dinero ingresaba a las cuentas y era transferido casi de inmediato hacia otras empresas o jurisdicciones internacionales, manteniendo saldos mínimos para dificultar el seguimiento de los recursos.
Según la Fiscalía, estas operaciones permitieron identificar mecanismos de lavado de dinero y ocultamiento de ganancias derivadas del contrabando de hidrocarburos.
Golpe histórico al huachicol fiscal
La titular de la FGR calificó el caso como el mayor esquema de contrabando de combustible descubierto hasta ahora en México y destacó la coordinación entre autoridades ministeriales, fiscales, financieras y aduaneras para desarticular la red.
Las investigaciones continúan para localizar al resto de los involucrados, asegurar activos y determinar la responsabilidad de empresas y personas relacionadas con la operación.
El caso representa uno de los golpes más importantes contra el llamado huachicol fiscal, una modalidad delictiva que en los últimos años ha generado pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas y ha permitido el crecimiento de redes de corrupción vinculadas al comercio ilegal de combustibles
