Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, señaló que los ajustes limitan el salario con el que los trabajadores pueden cotizar voluntariamente y beneficiarían financieramente a Hacienda, sin representar ahorros para el Seguro Social.
CIUDAD DE MÉXICO.- Los cambios anunciados a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) forman parte de una política que mantiene la inercia neoliberal en el sistema de pensiones, la cual no ha sido corregida por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, advirtió Gustavo Leal Fernández, especialista en seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En entrevista, el académico sostuvo que tanto la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador como la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han carecido de una estrategia antineoliberal en materia de seguridad social, pese a las modificaciones realizadas al sistema pensionario.
De acuerdo con Leal Fernández, los ajustes tampoco han conseguido mejorar el nivel general de las pensiones, mientras que la reciente modificación a la Modalidad 40 responde a una propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para contener el gasto público.
El pasado 21 de octubre, el Consejo Técnico del IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece un plazo de seis meses para revisar las condiciones de esta modalidad, un esquema que permite a los trabajadores continuar realizando aportaciones voluntarias cuando dejan de cotizar ante el instituto, con el propósito de conservar sus derechos y aumentar las semanas de cotización para su retiro.
La Modalidad 40, vigente desde 1973, también ha sido utilizada por trabajadores para elevar el salario base de cotización durante los últimos años de su vida laboral y, con ello, mejorar el monto de su pensión bajo el régimen de la Ley de 1973.
Antes de los cambios, los asegurados podían cotizar voluntariamente con un salario de hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), incluso cuando este fuera considerablemente superior al último sueldo registrado ante el IMSS.
Con el nuevo planteamiento, el límite se establecería a partir del último salario de cotización más una UMA, lo que reduciría el margen para incrementar la base salarial mediante este mecanismo.
El especialista explicó que este incremento mínimo buscaría evitar recursos legales contra la disposición, debido a que la legislación del Seguro Social establece que el salario registrado debe ser igual o superior al último con el que cotizó el trabajador.
Sin embargo, cuestionó que el Consejo Técnico del IMSS pueda modificar por sí mismo las condiciones establecidas en la legislación, al considerar que correspondería al Congreso de la Unión intervenir, debido a que se trata de disposiciones relacionadas con las leyes de 1973 y 1997.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no es necesario modificar la ley, Leal Fernández consideró que el Poder Legislativo tendría que participar en la discusión, pues el Consejo Técnico del IMSS, como órgano de gobierno del instituto, está subordinado al marco legal vigente.
SIN AHORROS PARA EL IMSS
Otro de los cuestionamientos del investigador es que la modificación no representaría un ahorro para el Seguro Social, debido a que las pensiones correspondientes al régimen de 1973 son cubiertas con recursos del Gobierno Federal.
“Realmente no las paga el IMSS, las paga el gobierno federal”, explicó, al considerar que el beneficio financiero de la medida recaería en Hacienda, que enfrenta un gasto creciente por obligaciones pensionarias.
En cuanto a los posibles fraudes cometidos por despachos contables y jurídicos que ofrecen asesoría para incrementar las pensiones, asunto mencionado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, el académico reconoció que pueden existir irregularidades, aunque consideró que ese argumento desvía la atención de otros problemas laborales.
Entre ellos mencionó las demandas del magisterio y los incrementos salariales que, a su juicio, resultan insuficientes. Advirtió que los trabajadores continuarán reclamando mayores recursos y mejores condiciones para su retiro.
Finalmente, al hacer un balance de las políticas pensionarias durante los últimos ocho años, correspondientes a los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, Leal Fernández enumeró la reforma a la Ley del IMSS de 2020, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en 2024 y los ajustes a la baja en las pensiones universitarias.
También mencionó los ofrecimientos realizados después de dos años de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre ellos la creación de una aseguradora pública solidaria y el fortalecimiento del Pensionissste.
A consideración del especialista, estas acciones constituyen un conjunto de “parches y remedios mínimos”, que no resuelven de fondo los problemas estructurales del sistema de pensiones en México.
