El consejero del INE, Arturo Chávez, consideró que la empresa pública podría asumir parte de las licitaciones del organismo, siempre que se transparenten sus operaciones y se aclaren presuntas irregularidades en la subcontratación.
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de crear una empresa pública que permita romper el oligopolio en el mercado de materiales electorales, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Chávez, consideró que Talleres Gráficos de México (TGM) tendría que someterse a un proceso de saneamiento y transparentar sus operaciones antes de asumir nuevas responsabilidades.
En entrevista, el funcionario señaló que, si bien esta instancia podría participar en la producción de materiales y servicios electorales, primero sería necesario aclarar los señalamientos sobre presuntas irregularidades en los esquemas de subcontratación.
“Si se invierte en ella, si se generan las condiciones de transparencia, si se observa cómo opera, entonces se puede hacer cargo de una parte, pues dudo que pueda hacerse cargo de la totalidad” de las licitaciones del INE, expresó.
Chávez reconoció que, ante las circunstancias actuales, una de las prioridades es terminar con la concentración del mercado de materiales electorales en un reducido grupo de proveedores, al considerar que otras empresas han enfrentado obstáculos para incorporarse a este sector.
En ese sentido, habló de la existencia de un esquema que calificó como un mundo paralelo de corrupción, al que identificó como “corrupción legal”, y sostuvo que es necesario combatirlo para generar condiciones de competencia.
El consejero cuenta con antecedentes en Talleres Gráficos de México, organismo que dirigió durante seis meses, periodo en el que el INE resolvió una licitación millonaria para la producción de la credencial para votar, cuyo contrato fue adjudicado a Cosmocolor, en sociedad con otras dos instancias, entre ellas TGM.
En medio de los señalamientos sobre la presunta existencia de una red de corrupción entre funcionarios del árbitro electoral y proveedores, Chávez aseguró que no negoció dicho contrato.
Explicó que su participación se limitó a colaborar con las empresas finalistas en aspectos técnicos y operativos, entre ellos pruebas de laboratorio, control de calidad, adquisición de materiales e insumos, procesos de impresión de sobres, supervisión de la producción y ensobretado de las credenciales destinadas al voto en el extranjero.
La discusión sobre el futuro de Talleres Gráficos de México se enmarca en la propuesta presidencial de ampliar la participación pública en la fabricación de materiales electorales y revisar las condiciones bajo las cuales se contratan actualmente estos servicios.
