El Órgano Interno de Control reportó 13 expedientes de investigación iniciados desde mayo de 2025 y 24 indagatorias adicionales derivadas de auditorías y revisiones. En medio de la información sobre la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, consejeros electorales aseguraron que el instituto mantendrá sus actividades rumbo al proceso electoral de 2026-2027.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la apertura de 13 expedientes de investigación relacionados con presuntas irregularidades en procedimientos de contratación durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, en los que estarían involucrados al menos 13 funcionarios y exfuncionarios electorales, ocho personas físicas y 18 personas morales.
Además, derivado de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control, el órgano reportó el inicio de otras 24 investigaciones en materia de contrataciones, en las que se identificaron posibles anomalías relacionadas con el manejo de recursos públicos, conflictos de interés y el cumplimiento de obligaciones contractuales.
En un informe presentado ante las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el OIC señaló que entre las conductas detectadas figuran posibles simulaciones en el cumplimiento de requisitos, abuso de funciones, deficiencias en la planeación y supervisión de contratos, así como pagos por bienes y servicios que podrían ocasionar daños al patrimonio público.
También se identificaron posibles irregularidades en la aplicación de recursos, participación indebida en procedimientos de contratación, actuaciones bajo conflicto de interés y declaraciones presuntamente falsas que podrían ocultar situaciones de incompatibilidad o un eventual enriquecimiento ilícito.
Respecto a posibles conflictos de interés, el organismo indicó que encontró elementos probatorios en tres de cuatro casos revisados, mientras que el restante continúa en investigación.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, sostuvo que las indagatorias se desarrollarán con objetividad, independencia y rigor técnico, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y la reserva legal de la información correspondiente a procedimientos en trámite.
Asimismo, informó que las faltas administrativas graves serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de resolver los casos dentro de sus atribuciones e imponer las sanciones correspondientes.
De enero de 2025 a la fecha del reporte, el órgano señaló que emitió 20 sanciones, entre ellas inhabilitaciones que involucraron a 14 funcionarios y exfuncionarios, así como a cinco particulares, además de una suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días. También reportó tres sanciones económicas por un monto acumulado de 1.6 millones de pesos.
Entre los casos destacados se encuentra el de la empresa Bell-Krom, S.A. de C.V., contratada para adquirir y distribuir 25 mil 302 chamarras destinadas a personas supervisoras electorales y capacitadoras-asistentes electorales durante el proceso electoral federal 2023-2024.
Debido al incumplimiento en la entrega de los bienes contratados, el OIC informó que el pasado 2 de octubre inhabilitó a dicha empresa.
Por otra parte, el organismo notificó al INE, el 9 de octubre, 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de la auditoría A07-ADQ-2026, enfocada en adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026.
La revisión abarcó distintas áreas administrativas, entre ellas la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Fiscalización.
Entre los hallazgos preliminares se mencionaron documentos e información posiblemente falsos o alterados, recursos sin comprobación suficiente, posibles actos de colusión, participación ilícita en procedimientos administrativos y proveedores que presuntamente no acreditaron la capacidad técnica, económica u operativa necesaria para cumplir con los servicios contratados.
Proponen regulación nacional de las contrataciones electorales
Ante las diferencias normativas y operativas entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el OIC recomendó a la Cámara de Diputados impulsar una política nacional de regulación de las contrataciones electorales.
La propuesta contempla establecer un marco normativo común que respete la autonomía y las atribuciones de cada organismo, pero que permita homologar especificaciones técnicas, integrar estudios nacionales de mercado, crear bases de datos históricas y establecer precios de referencia.
El objetivo sería facilitar la comparación de costos, justificar diferencias de precios y detectar oportunamente riesgos en el uso de los recursos públicos, además de promover una competencia efectiva entre proveedores.
El órgano también consideró urgente establecer una estrategia nacional de fiscalización electoral que articule al OIC del INE con los órganos de control de los OPLE, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades fiscalizadoras estatales.
Esta coordinación, expuso, permitiría homologar metodologías de auditoría, realizar revisiones conjuntas e identificar problemas de alcance nacional para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sobre las adquisiciones electorales.
Consejerías garantizan continuidad ante posible renuncia de Taddei
En paralelo, ante la información pública sobre el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del INE, diez integrantes del Consejo General sostuvieron una reunión de trabajo para garantizar la continuidad de las operaciones institucionales rumbo al proceso electoral federal 2026-2027.
Las consejeras Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, así como los consejeros Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora, Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura, acordaron que el instituto continuará trabajando con regularidad y conforme a los plazos previamente aprobados.
En un posicionamiento institucional, señalaron que el INE se mantiene a la espera de que se defina y comunique formalmente la situación de la consejera presidenta, por lo que cualquier determinación se tomará con apego al marco constitucional y legal, privilegiando la colegialidad.
De formalizarse la renuncia y actualizarse la ausencia definitiva de la presidencia del Consejo General, las consejerías deberán designar, por mayoría simple y de entre sus integrantes, a quien asuma provisionalmente el cargo, conforme al artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La designación deberá quedar asentada en un acuerdo del Consejo General y comunicarse de inmediato a la Cámara de Diputados. La persona nombrada rendirá protesta conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Las consejerías subrayaron que el instituto cuenta con mecanismos legales para garantizar la continuidad de su conducción y dar certeza a sus decisiones, por lo que mantendrá sus funciones y los trabajos de organización electoral previstos para el proceso 2026-2027.
