Martha Aracely Cruz Jiménez responsabilizó al gobernador Salomón Jara y al secretario de Gobierno, Jesús Romero, de cualquier agresión que pudiera sufrir por sus denuncias.
Oaxaca.— La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, denunció presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales destinados a municipios de Oaxaca y aseguró que ha recibido amenazas de muerte por visibilizar el tema.
La legisladora, de origen mixe, señaló que responsabiliza al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al secretario de Gobierno estatal, José de Jesús Romero, de cualquier agresión que pudiera sufrir como consecuencia de su labor de denuncia y acompañamiento a autoridades municipales.
En entrevista con La Jornada, Cruz Jiménez explicó que en diversas localidades oaxaqueñas existe la figura del comisionado municipal, quien tiene facultades para administrar participaciones y aportaciones federales correspondientes, entre otros, a los Ramos 28 y 33.
De acuerdo con la diputada, el primero corresponde a recursos de libre disposición, mientras que el segundo está etiquetado para rubros como salud, obras y educación.
Sin embargo, afirmó que dicha figura ha sido utilizada de manera indiscriminada y, presuntamente, como una herramienta para desestabilizar gobiernos municipales que no son afines a la administración estatal.
La legisladora cuestionó además que la legislación de Oaxaca no establezca con suficiente claridad las responsabilidades derivadas del manejo irregular de estos recursos ni mecanismos de fiscalización más estrictos.
Denuncia conflicto en San Juan Mazatlán
Cruz Jiménez relató que autoridades electas del municipio indígena de San Juan Mazatlán acudieron a ella para denunciar que el gobierno estatal se negaba a reconocerlas y acreditarlas.
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había reconocido en abril pasado la validez de las autoridades municipales, luego de una serie de conflictos políticos y comunitarios.
Ante la situación, la diputada decidió acompañar las gestiones de las autoridades locales para que pudieran acceder a los recursos federales destinados al municipio, que estimó en alrededor de 130 millones de pesos.
A partir de ello, sostuvo reuniones con el titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca para buscar una solución al conflicto.
Según su versión, el funcionario argumentó que el gobierno estatal se negaba a reconocer al alcalde electo, Esteban Santiago Aguilar, debido a supuestos vínculos con grupos del crimen organizado.
Cruz Jiménez sostuvo que durante las reuniones no se le presentaron pruebas que sustentaran esas acusaciones ni tuvo conocimiento de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.
También señaló a la secretaria de enlace con municipios de la Secretaría de Gobierno, Lucía Jazmín Torres Castillo, de haber proporcionado versiones contradictorias sobre las presuntas vinculaciones del alcalde electo y de haber realizado expresiones que la legisladora consideró amenazantes.
Afirma recibir amenazas
La diputada petista aseguró que, durante las gestiones relacionadas con San Juan Mazatlán y otras denuncias sobre presuntas irregularidades, enfrentó modificaciones y cancelaciones de reuniones, además de insultos y cuestionamientos.
Incluso, afirmó que en una de las reuniones le preguntaron cuánto dinero quería para dejar de acompañar las denuncias relacionadas con el presidente municipal electo.
Cruz Jiménez aseguró que posteriormente comenzó a recibir amenazas de muerte a través de redes sociales, en las que presuntamente le advertían que sería privada de su libertad o asesinada.
La legisladora afirmó contar con capturas de pantalla de los mensajes y expresó su preocupación por su seguridad.
Solicita intervención de Gobernación
Ante esta situación, Cruz Jiménez solicitó una audiencia con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para exponerle directamente las amenazas y las denuncias que ha presentado.
“Me siento totalmente desprotegida y sola”, expresó la legisladora, al señalar que algunos de los funcionarios que presuntamente ha señalado forman parte del gobierno estatal.
También relató que, durante las reuniones con funcionarios oaxaqueños, se le ofreció seguridad, pero manifestó su desconfianza y posteriormente recurrió a la Guardia Nacional. Aseguró que, aunque inicialmente tuvo contacto con elementos de la corporación, posteriormente dejaron de responder a sus llamadas y mensajes.
Pese a las amenazas, la diputada afirmó que no dejará de denunciar las presuntas irregularidades y que continuará acompañando a las autoridades municipales que soliciten su intervención.
“No me voy a callar”, sostuvo.
Finalmente, Cruz Jiménez responsabilizó públicamente al secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, y al gobernador Salomón Jara Cruz, de cualquier agresión que pudiera sufrir.
