Las nuevas disposiciones obligan a quienes realizan actividades vulnerables a evaluar riesgos, identificar al beneficiario controlador y conservar expedientes de clientes durante al menos 10 años. Las medidas comenzarán a aplicarse el 30 de noviembre de 2026.
Ciudad de México.— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó las disposiciones para prevenir, identificar y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, con nuevas obligaciones para empresas y personas físicas que realizan actividades consideradas vulnerables.
Los cambios, publicados en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), buscan fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero mediante controles más estrictos sobre clientes, operaciones y estructuras corporativas.
Uno de los principales cambios establece la obligación de implementar procesos formales de evaluación de riesgos, mediante los cuales los sujetos obligados deberán identificar, analizar y mitigar las posibilidades de que sus servicios u operaciones sean utilizados para actividades ilícitas.
Expedientes deberán conservarse 10 años
De acuerdo con las nuevas reglas, las empresas y personas físicas sujetas a estas disposiciones deberán integrar expedientes únicos de identificación de sus clientes y usuarios.
La información tendrá que mantenerse actualizada, ser verificable y conservarse de manera segura durante un periodo mínimo de 10 años, con el propósito de facilitar las labores de supervisión e investigación de las autoridades.
También se fortalecen los mecanismos para identificar al beneficiario controlador, es decir, la persona física que obtiene finalmente los beneficios de una operación o que ejerce el control sobre una empresa, estructura corporativa o transacción.
Clientes serán clasificados por nivel de riesgo
Las nuevas disposiciones establecen además un esquema para clasificar a los clientes de acuerdo con su nivel de exposición, mediante categorías de riesgo bajo, medio y alto.
Esta clasificación permitirá que las empresas apliquen medidas de vigilancia y control diferenciadas dependiendo del nivel de riesgo detectado.
Para los clientes considerados de alto riesgo, deberán recopilar información más detallada, particularmente sobre el origen y destino de los recursos.
También se contemplan medidas reforzadas para operaciones relacionadas con personas políticamente expuestas y aquellas que involucren jurisdicciones consideradas de alto riesgo.
Sistemas automatizados para detectar operaciones inusuales
Otro de los cambios relevantes es la incorporación formal de mecanismos automatizados de monitoreo, destinados a facilitar la identificación de operaciones inusuales, dar seguimiento a transacciones y generar alertas tempranas.
Los sistemas deberán adecuarse al volumen y complejidad de las operaciones realizadas por cada sujeto obligado y estarán vinculados con el portal electrónico de la autoridad para facilitar la presentación de avisos e informes.
Con ello, Hacienda busca avanzar hacia un esquema de vigilancia más sistemático que permita detectar posibles irregularidades antes de que las operaciones puedan utilizarse para ocultar o movilizar recursos de origen ilícito.
Manuales internos y capacitación serán obligatorios
Las empresas también deberán contar con un manual de políticas internas que documente sus procedimientos para identificar clientes, clasificar riesgos, aplicar medidas de debida diligencia y establecer controles internos.
El documento deberá incluir además los programas de capacitación del personal encargado de cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Este manual servirá como evidencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de que los sujetos obligados cuentan con mecanismos adecuados para cumplir con la legislación.
Aplicación será gradual
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026. Sin embargo, Hacienda estableció un periodo gradual para implementar algunas de las obligaciones más complejas.
La evaluación formal de riesgos y la puesta en funcionamiento de determinados sistemas automatizados se extenderán durante 2027 y 2028, con el objetivo de permitir que las empresas y personas obligadas adapten sus procesos, sistemas tecnológicos y controles internos.
Con estas modificaciones, la autoridad busca reforzar el sistema mexicano de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y elevar los estándares de identificación, vigilancia y trazabilidad de los recursos financieros, particularmente en sectores considerados vulnerables al lavado de dinero.
