TABASCO.- Tras los recientes accidentes de motocicleta que cobraron la vida de dos estudiantes en los municipios de Centro y Nacajuca, la diputada local María Félix García Álvarez consideró necesario fortalecer las acciones de prevención, así como la responsabilidad de los padres de familia para evitar que menores de edad conduzcan estos vehículos sin las medidas adecuadas de seguridad.
La legisladora, quien se desempeñó como presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, reconoció las acciones emprendidas por la Secretaría de Movilidad (Semovi) mediante operativos para reducir los riesgos de accidentes; no obstante, enfatizó que la decisión de permitir que adolescentes utilicen motocicletas recae principalmente en las familias.
García Álvarez señaló que muchos jóvenes conducen sin casco, sin conocimientos básicos de educación vial y sin asumir la responsabilidad que implica manejar un vehículo de este tipo, situación que incrementa la posibilidad de sufrir percances con consecuencias fatales.
Por otra parte, la Secretaría de Movilidad informó que ha recibido cuatro denuncias relacionadas con presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual en el transporte público, lo que derivó en la detención de las unidades involucradas y la inhabilitación de los operadores señalados.
La subsecretaria de Transporte, Amalia Elizabeth Trujillo Torres, explicó que como parte de la campaña “Acoso no es parte del viaje” se colocan códigos QR en unidades del transporte público urbano para que los usuarios puedan establecer contacto directo con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y presentar denuncias en tiempo real.
“Cualquier persona, hombre o mujer, que se sienta insegura en el transporte público puede escanear el código y chatear directamente con un fiscal para levantar la denuncia y también con Movilidad”, señaló la funcionaria.
Indicó que los reportes recibidos por la Semovi son canalizados a la FGE para el seguimiento de las investigaciones penales, mientras que en el ámbito administrativo se aplican sanciones consideradas graves que van de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a montos superiores a los 50 mil pesos.
Trujillo Torres precisó que la multa debe ser cubierta por el conductor responsable, aunque la legislación contempla responsabilidad solidaria para los permisionarios o concesionarios de las unidades.
Finalmente, explicó que los vehículos permanecen asegurados durante el procedimiento administrativo y, una vez emitida la resolución correspondiente y cubierto el pago de la sanción, pueden ser liberados, sin que ello interfiera con los procesos legales que continúen ante las autoridades correspondientes.
