Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad de analizar uno de los temas más sensibles y debatidos en materia de derechos humanos y salud en México: la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido.
Por una mayoría de ocho votos contra uno, el Pleno del máximo tribunal decidió atraer la revisión de un amparo promovido por una tanatóloga que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama y actualmente se encuentra bajo tratamiento médico. La promovente cuestiona la prohibición de la eutanasia establecida en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México, al argumentar que debe respetarse su autonomía para decidir sobre el momento y la forma de concluir su vida.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que el caso representa una oportunidad para que la Corte establezca un nuevo criterio jurídico sobre la eutanasia y otras modalidades de muerte asistida.
El análisis de fondo se centrará en determinar si es constitucional que las normas sanitarias y penales prohíban de manera absoluta la eutanasia y el suicidio asistido, dejando como única opción legal la denominada “muerte natural”, frente a derechos como la autonomía personal, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
Además, el máximo tribunal deberá definir si la persona que promovió el amparo cuenta con interés legítimo para impugnar dichas disposiciones y si éstas generan una afectación directa a su derecho a decidir de manera libre y autónoma sobre el final de su vida.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó que el asunto tiene una relevancia especial por las implicaciones éticas, jurídicas, médicas y penales que una eventual resolución podría generar en el sistema legal mexicano, particularmente en aspectos relacionados con el consentimiento informado, la autonomía médica, la libertad de conciencia, los cuidados paliativos y la protección de personas en condición de vulnerabilidad.
Por su parte, el ministro Arístides Guerrero García consideró necesario que la Suprema Corte abra la discusión, al recordar que la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho al “buen morir” y que existe un debate internacional creciente sobre este tema, en países donde la eutanasia ha sido regulada legalmente, como Países Bajos, Bélgica y Canadá.
El ministro Irving Espinosa Betanzos también destacó la trayectoria de la promovente del amparo, quien durante años se dedicó a acompañar a personas con enfermedades terminales y sus familias, y que ahora, tras enfrentar su propio diagnóstico de cáncer, cuestiona las disposiciones legales relacionadas con la atención al final de la vida y los cuidados paliativos.
La decisión de atraer el caso no significa que la eutanasia vaya a ser autorizada en México de manera inmediata; sin embargo, abre un debate de gran alcance sobre los límites del Estado en las decisiones personales relacionadas con la muerte digna, la autonomía de los pacientes y el alcance de los derechos humanos en el final de la vida.
