PUEBLA.- Un operativo de la Policía Municipal de San Andrés Cholula ha generado una ola de críticas y cuestionamientos luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que varios agentes someten a una mujer frente a sus hijos menores de edad en las inmediaciones de un parque del municipio.
Las imágenes, que se viralizaron durante las últimas horas, muestran a por lo menos cinco elementos policiacos participando en la detención de la mujer, mientras sus hijos lloran, intentan intervenir y documentan lo ocurrido con un teléfono celular.
En la grabación se observa cómo una oficial mantiene inmovilizada a la mujer sobre el suelo, mientras otros agentes alejan a los menores del lugar. De acuerdo con testimonios difundidos por medios locales, los niños habrían sido jaloneados e intimidados para que dejaran de grabar el procedimiento.
La escena provocó una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales y organizaciones civiles, que cuestionaron el uso de la fuerza por parte de los uniformados y exigieron una investigación para determinar si se cometieron abusos durante la intervención.
Según reportes preliminares de testigos, el incidente habría comenzado por una presunta falta administrativa menor; sin embargo, la actuación policial escaló hasta derivar en la detención de la mujer, lo que ha generado señalamientos sobre una posible respuesta desproporcionada de los agentes.
Autoridades municipales señalaron de manera preliminar que la mujer fue detenida después de presuntamente ignorar indicaciones para detener su vehículo. Asimismo, indicaron que existían sospechas de que conducía en condiciones inconvenientes. No obstante, los cuestionamientos se han centrado en la forma en que se realizó el aseguramiento y en el trato brindado tanto a la detenida como a sus hijos.
Tras la difusión de los videos, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la apertura de una investigación preliminar para esclarecer los hechos y determinar si la actuación de los policías se ajustó a los protocolos establecidos o si existieron conductas constitutivas de responsabilidad administrativa o penal.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de corporaciones de seguridad municipales y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos durante los procedimientos policiales, especialmente cuando involucran la presencia de menores de edad.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si los elementos involucrados fueron separados temporalmente de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
