La Consejería Jurídica reportó 377 títulos de propiedad y escrituras entregados a planteles educativos durante 2026, además de atención legal gratuita en 180 Centros Integradores y acciones para dar certeza patrimonial a familias y escuelas.

TABASCO.— Contar con documentos que acrediten la propiedad de una escuela, recibir asesoría jurídica gratuita o tener certeza sobre el patrimonio familiar son parte de las acciones que el Gobierno de Tabasco busca fortalecer mediante la actualización de leyes y la atención directa a la población, afirmó el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Jesús Manuel Argáez de los Santos.

Durante su comparecencia ante la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez, el funcionario destacó que en dos años se han regularizado 783 planteles educativos, con el propósito de dar certeza jurídica a los espacios donde miles de niñas, niños y jóvenes reciben educación.

Tan solo durante este año se entregaron 377 títulos de propiedad y escrituras a escuelas, un avance que permite a los centros educativos contar con documentación legal sobre sus terrenos y fortalecer las condiciones para gestionar obras, mantenimiento y mejoras en su infraestructura.

En materia de atención ciudadana, Argáez de los Santos informó que la Consejería Jurídica ha participado en las Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio, donde ha recorrido 180 de los 205 Centros Integradores de Tabasco y brindado asesoría jurídica gratuita a 2 mil 549 personas, acercando servicios legales a habitantes que pueden enfrentar dificultades para trasladarse o acceder a este tipo de orientación.

El consejero sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia para que la legalidad no se limite a los procedimientos administrativos, sino que se traduzca en soluciones y protección de derechos para la población.

Reformas para fortalecer derechos y programas sociales

Ante los legisladores, el titular de la Consejería Jurídica señaló que durante la administración se han impulsado 89 iniciativas con proyecto de decreto, que derivaron en 104 reformas a distintos ordenamientos estatales, publicadas en el Periódico Oficial.

Entre los cambios destacó el respaldo constitucional a programas sociales, como la pensión para personas de 60 a 64 años y los apoyos directos al campo, además de medidas de austeridad, reducción del salario del titular del Ejecutivo y mecanismos de democracia participativa, como la elección de delegados municipales y la revocación de mandato.

También informó sobre modificaciones a la Ley del Catastro, la Ley Registral, la Ley del Notariado y el Código Civil, así como la expedición de una nueva Ley de Vivienda, con el objetivo de fortalecer la certeza patrimonial y el acceso a una vivienda digna.

Atención laboral y protección del patrimonio público

En el ámbito de la justicia laboral, la Consejería Jurídica y las instancias sectorizadas reportaron 56 mil 807 audiencias, 22 mil 649 asesorías laborales y mil 375 reuniones conciliatorias, acciones orientadas a atender conflictos y facilitar acuerdos entre trabajadores y empleadores.

Asimismo, se informó de la entrega de títulos de propiedad a 782 familias, como parte de las acciones de regularización patrimonial.

El funcionario agregó que se validaron 713 convenios e instrumentos administrativos, con tiempos de respuesta de hasta 24 horas, y que se atendieron todas las controversias y litigios en los que el Gobierno estatal es parte, sin plazos vencidos ni multas en las Juntas Locales.

Argáez de los Santos sostuvo que la transformación del estado debe sustentarse en la legalidad, la transparencia y el respeto a la Constitución, al considerar que la certeza jurídica permite proteger el patrimonio, garantizar derechos y dar respaldo institucional a las acciones de gobierno.

Con estas medidas, la administración estatal busca que el fortalecimiento del marco legal también tenga repercusiones en la vida cotidiana de las familias tabasqueñas, particularmente en el acceso a servicios, la regularización de propiedades y la atención de conflictos legales y laborales.

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