Entre enero de 2025 y septiembre de 2026, el organismo electoral asignó más de 13 mil 300 contratos, por un monto superior a 2 mil 829.7 millones de pesos. Entre los proveedores figuran empresas que recibieron convenios tanto para vigilancia como para servicios de limpieza, además de personas físicas con contratos millonarios.

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante los últimos dos años de la gestión de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo asignó por adjudicación directa 96 por ciento de los más de 13 mil 300 contratos que celebró para servicios, arrendamientos y adquisiciones, por un monto superior a 2 mil 829.7 millones de pesos.

De acuerdo con los contratos publicados por el propio instituto en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre enero de 2025 y septiembre de 2026 se favoreció a diversas empresas y personas físicas con convenios millonarios, algunos de ellos para actividades tan distintas como seguridad, vigilancia y limpieza de instalaciones electorales.

Entre las compañías que destacan se encuentra Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, que recibió al menos 221 contratos. En enero de este año fue contratada para proporcionar vigilancia a la 09 Junta Distrital Ejecutiva en Guanajuato; sin embargo, en abril la misma instancia le adjudicó el servicio de limpieza de las instalaciones del módulo de atención ciudadana fijo de La Joyita, en el municipio de Silao.

Otro proveedor recurrente fue Jurídicos Integrales FBP, con el que el INE suscribió al menos 96 contratos por un monto acumulado de 54.13 millones de pesos. Entre sus encargos figura un convenio de abril de 2025 por 15 millones 245 mil pesos para prestar servicios de vigilancia intramuros en 40 sedes de juntas distritales ejecutivas del Estado de México.

También aparecen Vigilancia y Protección a la Sociedad, con contratos por poco más de 43 millones de pesos; Seguridad Privada Guns 8A, con 22.8 millones, y Protección y Logística Empresarial VYMSA, con 12.2 millones de pesos.

La revisión de los convenios también identificó a una decena de personas físicas que recibieron contratos por cantidades millonarias. La lista es encabezada por Ana María Juárez Hernández, quien acumuló al menos 49.5 millones de pesos mediante 60 contratos a título personal y otros dos bajo la denominación de Seguridad Privada Cabiexm, empresa con sede en Reynosa, Tamaulipas, que presentó el mismo Registro Federal de Contribuyentes en su documentación.

Juárez Hernández es esposa del empresario Mario Guitian Rosas, quien ha enfrentado señalamientos de presunta extorsión y otros delitos, acusaciones que rechazó públicamente durante una conferencia de prensa realizada en abril pasado en Tamaulipas.

Uno de los denunciantes fue Gabriel Hernández, empresario y activista del Colectivo 10 de Marzo, quien presentó señalamientos desde 2024. En julio de 2025, Hernández fue localizado sin vida, después de haber recibido múltiples impactos de bala.

Otros beneficiarios de contratos del INE fueron Francisco Javier Hernández Palacios, con 23.6 millones de pesos; Sandra Angélica Guasti Martínez, con 6.7 millones; Beatriz Eugenia Camacho Quiroz, con 4.6 millones; Omar Ramos Bandala, con 4.7 millones; Carlos Enrique de Jesús Cuate, con 2.5 millones, y Ramiro Peña Monroy, con 2 millones de pesos.

Además de los servicios de seguridad y limpieza, el organismo electoral celebró contratos con empresas dedicadas a telecomunicaciones, desarrollo de software, tecnologías e inmobiliarias.

Entre los convenios de mayor monto destaca el otorgado a AMPS para la Integración y Articulación, compañía encargada de instalar cámaras de videovigilancia con micrófonos en la sala de prensa y distintas oficinas del INE. Estos dispositivos generaron controversia al inicio de este año y algunos fueron retirados durante la semana pasada.

Los datos de contratación correspondientes al periodo revisado colocan bajo la lupa los mecanismos de adjudicación y la selección de proveedores durante la administración de Guadalupe Taddei, particularmente por la elevada proporción de asignaciones directas y la diversidad de servicios otorgados a determinadas compañías.

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