La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso multas por 102 millones de pesos y logró que 13 funcionarios fueran destituidos e inhabilitados durante una década por faltas administrativas graves.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó la imposición de sanciones contra 55 servidores públicos y una empresa por diversas irregularidades detectadas en 19 dependencias de la Administración Pública Federal, con multas que en conjunto ascienden a 102 millones de pesos.
La dependencia señaló que, como resultado de las investigaciones y pruebas recabadas, 13 servidores públicos fueron destituidos e inhabilitados por 10 años por faltas administrativas graves, determinación emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Entre los casos documentados se encuentran irregularidades relacionadas con el uso de prestaciones, contratación de servicios, manejo de recursos públicos y presuntos cobros indebidos.
Irregularidades en Pemex
En Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron identificados cinco casos. En tres de ellos se impusieron inhabilitaciones por una década y sanciones económicas contra Massiel H., Martha E. y Braulio M.
Massiel H. recibió una multa de 677 mil pesos por haber cobrado en 2025 la prestación correspondiente al pago de gasolina mediante documentación que no correspondía con el vehículo registrado.
Martha E. fue sancionada con 616 mil pesos debido a que, entre 2019 y 2024, no solicitó la baja del registro de un vehículo y continuó cobrando la prestación de combustible.
En tanto, Braulio M. recibió una multa de 600 mil pesos luego de que, en 2023, presuntamente simuló actos para facilitar el ingreso laboral de tres personas y posteriormente recibió depósitos por esos mismos montos en su cuenta bancaria.
CFE e IMSS, entre las instituciones sancionadas
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron sancionados cuatro casos. Uno de ellos corresponde a José P., quien recibió una inhabilitación de 10 años y una multa de 72 mil pesos.
La investigación estableció que, durante 2021, habría solicitado 500 pesos a ocho usuarios en 18 ocasiones mientras realizaba lecturas de consumo en Álamos, Sonora, a cambio de no reportar presuntas irregularidades en el uso de energía eléctrica.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se detectaron tres casos. Entre ellos destaca el de América M. y Jael L., quienes fueron inhabilitadas durante 10 años y deberán cubrir de manera conjunta una multa de 10.1 millones de pesos.
De acuerdo con la SABG, en 2021 ambas funcionarias modificaron referencias de precios de mercado para la adquisición de tóner, lo que habría incrementado los costos y permitido asignar un contrato a una empresa por un monto equivalente a la sanción.
Multas millonarias en Alimentación para Bienestar
Otro de los casos de mayor impacto económico se registró en Alimentación para Bienestar, donde tres funcionarios fueron sancionados con inhabilitaciones por 10 años.
Carlos V., Manuel L. y René G. recibieron multas de 73.4 millones y 16.6 millones de pesos, relacionadas con dos expedientes en los que se habría reportado la adquisición de productos alimenticios que no fueron entregados.
En uno de los procedimientos también fue sancionada durante un año una empresa cuyo nombre no fue revelado por la autoridad.
También alcanzan sanciones al Banco del Bienestar
La SABG informó además de tres casos de irregularidades en el Banco del Bienestar. En uno de ellos, Roberto R. y Karina B. fueron inhabilitados por 10 años y se les impuso una multa conjunta de 214 mil pesos.
La dependencia también acreditó irregularidades en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, donde María G. fue suspendida durante 10 años y sancionada con 80 mil pesos.
Según la investigación, entre 2023 y 2024 se ausentaba de su puesto durante el horario laboral en el Aeropuerto Internacional de Palenque, Chiapas.
Por otro lado, José M., de Financiera para el Bienestar, recibió una suspensión de 10 años y una multa de 72 mil pesos por un caso relacionado con el manejo de recursos de la institución que tenía bajo su responsabilidad.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que estas acciones forman parte de los mecanismos de vigilancia y sanción destinados a combatir las irregularidades en el servicio público y fortalecer la rendición de cuentas en las instituciones federales.
