El empresario propietario de Baires Fly confirmó que recibió 150 mil dólares por el vuelo privado que llevó al excandidato brasileño y a su familia a Miami. En Argentina investigan si funcionarios de Javier Milei facilitaron su salida, mientras legisladores denuncian el presunto uso de recursos públicos.
Buenos Aires, Argentina.— El traslado del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro desde Argentina hacia Estados Unidos abrió un nuevo frente de controversia política y judicial para el gobierno de Javier Milei, luego de que se denunciara la posible participación de funcionarios y dependencias estatales en las gestiones que permitieron su salida del país.
El caso tomó mayor relevancia después de que Luis Grande, propietario de la empresa aeronáutica Baires Fly, confirmara que recibió 150 mil dólares por el vuelo privado que trasladó a Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas hasta Miami. El empresario aseguró que la contratación se realizó mediante un intermediario del sector aeronáutico radicado en Florida, a quien conoce desde hace aproximadamente 10 años.
En declaraciones a la agencia AFP, Grande explicó que el pago fue transferido desde una cuenta bancaria estadounidense a una entidad argentina. Sin embargo, se negó a revelar la identidad del intermediario y sostuvo que desconoce quién fue el cliente final que solicitó el servicio.
Las declaraciones se conocieron después de que The New York Times publicara que el vuelo habría sido contratado por Jason Miller, asesor del presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, el empresario no confirmó esa versión y, hasta el momento de la información proporcionada, la Casa Blanca no había emitido una postura al respecto.
Denuncian presunto uso de recursos públicos
La polémica comenzó luego de que legisladores del bloque peronista Unión por la Patria denunciaran, durante una sesión del Senado argentino, que dependencias del gobierno de Milei habrían intervenido para facilitar el traslado de Bolsonaro hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.
El senador Martín Soria señaló que el excandidato brasileño habría sido trasladado en una camioneta de la Cancillería, con protección diplomática y acceso directo a la pista de aterrizaje, donde abordó un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly.
De acuerdo con las acusaciones presentadas por el legislador, en el operativo habrían participado organismos como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores, Migraciones, Aduanas y Seguridad Aeroportuaria, además de funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá.
Soria también señaló la presunta intervención de Santiago Caputo, asesor cercano al presidente Milei, y de Jorge Omar Waissman, jefe de seguridad de Yacyretá. Sin embargo, estas señalamientos forman parte de las denuncias políticas y deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes.
El senador cuestionó la relación del gobierno argentino con el entorno del empresario Federico «Fred» Machado, señalado por sus vínculos con investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y fraude en Estados Unidos. En ese contexto, recordó que Baires Fly ha sido relacionada con Machado y que su propietario, Sergio Mastropietro, también ha sido mencionado en controversias judiciales.
Soria sostuvo que el episodio representa una posible injerencia del gobierno argentino en asuntos internos de Brasil y advirtió sobre las consecuencias diplomáticas que podría tener para la relación entre ambos países, considerados socios comerciales estratégicos.
Investigaciones judiciales y versiones encontradas
En el ámbito judicial, la fiscal federal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares para determinar si funcionarios argentinos facilitaron irregularmente el traslado de Bolsonaro. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre, además de requerir información sobre los movimientos migratorios, las comunicaciones oficiales y las condiciones en que se realizó el vuelo.
No obstante, el expediente que se tramita en Puerto Iguazú tuvo un desenlace distinto: la fiscalía federal de esa jurisdicción desestimó la denuncia relacionada con el presunto ingreso irregular de Bolsonaro, luego de que Migraciones e Interpol informaran que no existían restricciones u órdenes de captura vigentes contra él en sus registros al momento de los hechos. Esta resolución corresponde a esa investigación y no resuelve las acusaciones que se analizan en Buenos Aires.
Por su parte, el gobierno de Milei negó haber facilitado irregularmente la salida del dirigente brasileño y aseguró que proporcionó a las autoridades judiciales los registros migratorios y aeroportuarios. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, argumentó que no existía una alerta de Interpol que impidiera el tránsito de Bolsonaro por territorio argentino.
El caso también generó cuestionamientos por las circunstancias en que Bolsonaro abandonó Brasil. Según los registros migratorios argentinos, ingresó por vía terrestre el 27 de octubre, acompañado de su familia, y posteriormente abordó el avión privado que lo trasladó a Estados Unidos, pese a las restricciones judiciales que enfrentaba en su país en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
De esta manera, el pago de 150 mil dólares por el vuelo, las versiones sobre la participación de funcionarios argentinos y las investigaciones abiertas mantienen el caso en el centro de la controversia política entre Argentina, Brasil y Estados Unidos. La responsabilidad de los funcionarios señalados y la posible existencia de irregularidades todavía deberán ser determinadas por la Justicia.
