La Comisión de Denuncias y Quejas aprobó medidas cautelares contra José Cruz Guzmán Matías por comentarios dirigidos a María Félix García Álvarez. La representante de Agenda LGBT A.C., Dayanna Arias, pidió distinguir entre las agresiones por razones de género y las críticas al desempeño de las funcionarias públicas.
TABASCO.- La Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) inició una investigación contra José Cruz Guzmán Matías, presidente de la asociación Tabasqueños Unidos por la Salud y la Diversidad Sexual, por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la diputada local María Félix García Álvarez.
Durante una sesión extraordinaria, el órgano electoral aprobó medidas cautelares contra el activista, derivadas de comentarios que habría publicado durante una transmisión en redes sociales del Congreso de Tabasco, dirigidos a la legisladora.
La presidenta de la Comisión de Denuncias y Quejas, Monserrat Martínez Beaurregard, explicó que las medidas fueron autorizadas mientras se desarrolla la investigación para determinar si las expresiones denunciadas constituyen violencia política de género.
La consejera sostuvo que el IEPCT actuará conforme a derecho y respetará las manifestaciones que el activista pudiera realizar contra los integrantes del organismo electoral, en el marco del procedimiento.
Por su parte, la delegada en Tabasco de Agenda LGBT A.C., Dayanna Arias Torres, se pronunció sobre el caso y señaló que es necesario distinguir entre las expresiones que constituyen violencia política por razones de género y aquellas que representan críticas al desempeño de una funcionaria pública.
La activista reconoció que la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género es una herramienta histórica para proteger la participación de las mujeres en la vida pública y garantizar que puedan ejercer sus cargos sin sufrir agresiones. Sin embargo, consideró que este mecanismo no debe utilizarse para inhibir las críticas de la ciudadanía o de los medios de comunicación.
Arias Torres mencionó como referencias otros casos relacionados con funcionarias públicas, entre ellos los de Layda Sansores, en Campeche; una funcionaria a la que identificó como «Lady Dato protegido», en Sonora, y Almendra Negrete, en Sinaloa, para plantear la discusión sobre los límites entre la crítica y la violencia política de género.
En relación con la denuncia contra Guzmán Matías, sostuvo que, aunque las expresiones dirigidas a García Álvarez pudieron no ser las más adecuadas, desde su perspectiva estaban relacionadas con asuntos de interés público.
La representante de Agenda LGBT A.C. recordó que, durante su primer periodo legislativo, en 2018, García Álvarez también ocupaba una representación vinculada con la diversidad sexual en Morena en Tabasco.
Al respecto, cuestionó que la entonces legisladora ocupara esa posición sin pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ y afirmó que, desde su perspectiva, no impulsó suficientes acciones en favor de este sector dentro del Consejo Estatal.
Arias Torres insistió en que las mujeres deben contar con mecanismos legales para denunciar la violencia política de género; no obstante, consideró necesario evitar que estos se conviertan en instrumentos para limitar los cuestionamientos sobre el desempeño de quienes ejercen cargos públicos.
Mientras tanto, el procedimiento iniciado por el IEPCT deberá determinar si las expresiones denunciadas contra la diputada constituyen violencia política en razón de género. Las medidas cautelares aprobadas forman parte del proceso de investigación y no representan, por sí mismas, una resolución definitiva sobre la responsabilidad del activista.
