Tras las advertencias de expertos de la ONU sobre al menos cinco agresiones contra colectivos de búsqueda en Sinaloa durante el último año, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores reconocieron los desafíos en la materia, pero aseguraron que se han fortalecido las acciones para combatir las desapariciones y garantizar justicia a las víctimas.
Ciudad de México.— El Gobierno de México sostuvo que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras, luego de que expertos de las Naciones Unidas alertaran sobre las agresiones contra colectivos dedicados a localizar a personas desaparecidas, particularmente en Sinaloa.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) reconocieron que el país enfrenta importantes desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia. No obstante, señalaron que en los últimos años se han fortalecido las reformas legales, las políticas públicas y las acciones institucionales para combatir este delito.
El posicionamiento federal se produjo después de que expertos de la ONU documentaran al menos cinco agresiones contra colectivos de búsqueda en Sinaloa durante un año, tres de ellas en un periodo de apenas 72 horas.
Las dependencias aclararon que las advertencias fueron realizadas por expertos a título personal e independiente, por lo que no representan necesariamente la posición oficial de la Organización de las Naciones Unidas.
Asimismo, reiteraron que la cooperación internacional constituye un componente fundamental para atender la problemática y manifestaron su disposición a mantener el diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
“La atención a la desaparición de personas constituye una de las más altas prioridades nacionales”, señalaron las secretarías, al refrendar el compromiso del Gobierno federal con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, así como su condena a cualquier acto de violencia contra colectivos y personas buscadoras.
En el documento, las autoridades también aseguraron que cada caso de desaparición es atendido con la debida diligencia y destacaron que funcionarios de alto nivel han recorrido distintas regiones del país para dialogar con familiares y organizaciones acompañantes, además de escuchar sus demandas.
Respecto a las investigaciones, informaron que el Gobierno federal trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para evitar que las agresiones queden impunes y ampliar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
Como parte de estos esfuerzos, indicaron que se consolida la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, integrada por diez acciones destinadas a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar los mecanismos de localización e identificación.
Entre las medidas contempladas se encuentran la creación e implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición.
También se prevé la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y de una Plataforma Única de Identidad, además de garantizar que las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas y unidades dedicadas a investigar estos delitos.
La estrategia incluye, además, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda, mediante la contratación de especialistas y la adquisición de equipamiento especializado.
Otro de los objetivos es garantizar que los registros oficiales de personas desaparecidas contengan información mínima para facilitar su identificación, así como mejorar la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la FGR.
Finalmente, contempla incorporar a las comisiones nacional y estatales de atención a víctimas, junto con otras instituciones, al Sistema Nacional de Búsqueda, con el propósito de ampliar la colaboración entre las autoridades.
Aunque el Gobierno federal defendió los avances institucionales y descartó que exista un patrón estatal de desaparición forzada de personas buscadoras, reconoció que persisten retos en la atención de las desapariciones y reiteró su compromiso de mantener la colaboración con las familias y los organismos internacionales.
