La nueva legislación busca homologar y digitalizar la información catastral y registral del país; la oposición advirtió que podría elevar el cobro del predial, mientras Morena y sus aliados sostuvieron que no crea ni aumenta impuestos.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la que se busca modernizar y homologar los sistemas de información sobre bienes inmuebles en el país, así como ampliar la base fiscal de los municipios.
El dictamen fue aprobado después de las tres de la mañana con 299 votos a favor y 92 en contra, correspondientes a Morena y sus aliados, y a las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, respectivamente. El proyecto fue enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo.
La discusión estuvo marcada por un fuerte desacuerdo sobre los posibles efectos de la nueva legislación en el impuesto predial. Mientras PAN y PRI acusaron que la actualización de los valores catastrales podría traducirse en mayores pagos para los propietarios, Morena y sus aliados rechazaron que la ley contemple un incremento del gravamen.
El dictamen señala que la actualización de los valores catastrales, la incorporación de predios que actualmente no están registrados y la habilitación de mecanismos digitales para el pago del predial permitirán ampliar la base gravable y reducir los costos de cumplimiento para los contribuyentes.
Oposición alerta por aumento del predial
Desde la tribuna, legisladores del PAN y PRI calificaron la reforma como un “predialazo”, al considerar que la actualización de los valores catastrales podría incrementar el monto que pagan los propietarios, aun cuando no se modifique formalmente la tasa del impuesto.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que aunque el articulado no establece de manera directa una actualización de los valores catastrales, este objetivo sí aparece en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial.
Por su parte, el priísta Arturo Yáñez afirmó que la ampliación de la base gravable tendría consecuencias sobre el predial, debido a que el valor catastral constituye uno de los elementos utilizados para determinar el impuesto.
La diputada panista Carmen Alonso calificó la propuesta como un posible ataque a la propiedad privada y cuestionó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tenga facultades para administrar plataformas y establecer estándares que deberán adoptar las autoridades locales.
Su compañera de bancada Nancy Olguín advirtió que los municipios podrían enfrentar nuevas obligaciones tecnológicas sin recibir recursos federales adicionales para cumplirlas.
Morena y PT niegan aumento al impuesto
En defensa de la reforma, la diputada del PT Nora Merino rechazó que la nueva legislación contemple un incremento del predial.
“Díganme dónde dice que se aumenta la base gravable. ¿Dónde dice que se aumenta la tasa?”, cuestionó desde la tribuna, al señalar que la ley no establece cuánto más tendría que pagar un propietario.
Ricardo Mejía Berdeja, también del PT, explicó que el objetivo principal es contar con información confiable y homologada sobre los bienes inmuebles, además de fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad.
Sostuvo que la falta de coordinación entre catastros y registros públicos puede generar problemas como dobles registros, errores en deslindes o doble escrituración, situaciones que pueden facilitar conflictos patrimoniales y dificultar incluso el cobro adecuado del predial.
El legislador comparó la nueva Clave Única Catastral con una “CURP para cada inmueble”, al considerar que permitirá identificar de manera inequívoca cada propiedad y vincularla con su respectivo folio real.
Los legisladores de la mayoría insistieron en que la reforma establece mecanismos de coordinación tecnológica entre los distintos niveles de gobierno, pero no transfiere a la Federación la facultad de recaudar el impuesto predial.
Sedatu y Agencia Digital tendrán nuevas atribuciones
La nueva legislación plantea una mayor coordinación federal en materia catastral y registral, mediante la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La Sedatu tendrá entre sus atribuciones supervisar las acciones de modernización registral y catastral, además de emitir lineamientos, guías y manuales para la aplicación de la legislación.
A su vez, la ATDT deberá diseñar modelos para homologar los catastros, desarrollar y administrar plataformas digitales, habilitar accesos para las autoridades catastrales y registrales y facilitar herramientas para implementar medios de pago electrónicos.
También coordinará con la Sedatu, los gobiernos estatales y los municipios la implementación del Plan Nacional Catastral, destinado a fortalecer los catastros, homologar procesos y mantener actualizada la información inmobiliaria.
La legislación establece además una Clave Única Catastral para identificar cada inmueble y facilitar la integración, actualización y consulta de la información, así como su vinculación con el folio real correspondiente.
Municipios deberán aplicar la reforma con recursos propios
Otro de los puntos que generó críticas fue la obligación para estados y municipios de implementar las disposiciones de la nueva legislación con sus propios presupuestos.
El dictamen establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para la aplicación de las nuevas disposiciones, bajo un esquema en el que el Gobierno federal conducirá la política catastral y el desarrollo de las plataformas digitales con los recursos ya autorizados para la Sedatu y la ATDT.
El debate también puso sobre la mesa la situación financiera y tecnológica de los municipios, particularmente aquellos que cuentan con sistemas catastrales antiguos y recursos limitados.
Finalmente, la bancada mayoritaria sostuvo que la nueva legislación busca mejorar la calidad de la información sobre los inmuebles, combatir irregularidades registrales y facilitar la coordinación entre autoridades, mientras que la oposición mantuvo su advertencia de que la actualización catastral podría tener efectos sobre el monto del impuesto predial.
El proyecto quedó ahora en manos del Senado, donde continuará su trámite legislativo.
