Con 86 votos a favor y el rechazo de toda la oposición, Morena y sus aliados aprobaron modificar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales. La iniciativa establece que quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal, estatal o de la Ciudad de México deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó, con 86 votos a favor y 42 en contra, una reforma constitucional que establece como requisito tener exclusivamente la nacionalidad mexicana para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa, respaldada por Morena y sus aliados, fue aprobada después de más de tres horas de discusión y modificará los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Con ello, quienes tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella para poder contender por alguno de estos cargos ejecutivos.
Tras la votación, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, remitió la minuta a los congresos estatales para continuar el procedimiento legislativo correspondiente al Constituyente Permanente.
Para alcanzar la mayoría calificada de 86 votos, Morena recurrió a los suplentes de cuatro senadores que no pudieron asistir a la sesión, entre ellos Octavia Hernández Farret, quien ocupó el lugar de Karina Ruiz, legisladora migrante que reside en Arizona y no pudo trasladarse a México por no contar con los permisos necesarios del Gobierno estadounidense.
La reforma fue rechazada por todas las bancadas de oposición, además del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, quien había anticipado su voto en contra.
Durante el debate, los legisladores de Morena defendieron la modificación como una medida de soberanía y lealtad institucional, mientras que representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que podría vulnerar los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes viven en Estados Unidos.
Al presentar el dictamen, el senador morenista Saúl Monreal sostuvo que la propuesta no busca eliminar el reconocimiento de la doble nacionalidad, vigente en México desde 1997, sino establecer un requisito específico para quienes aspiren a ocupar las principales responsabilidades ejecutivas del país.
Argumentó que el ejercicio de esos cargos exige un vínculo jurídico exclusivo con México, debido a que contar con otra nacionalidad puede implicar derechos, obligaciones y protección diplomática frente a otro Estado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la reforma no está dirigida contra los mexicanos que poseen otra nacionalidad ni pretende limitar sus derechos de manera general.
Explicó que la condición se aplicaría únicamente a quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal, estatal o capitalino, por lo que, según su postura, no se afectaría el derecho de los mexicanos con doble nacionalidad a participar en otras actividades de la vida democrática.
En defensa del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, rechazó los argumentos de la oposición y cuestionó sus planteamientos sobre una supuesta afectación a los migrantes. Durante su intervención, recurrió a una referencia bíblica sobre la imposibilidad de servir a dos señores y acusó a los opositores de ignorancia.
El senador Ricardo Sheffield Padilla también respaldó la iniciativa y expuso que nació en Estados Unidos, pero renunció a la nacionalidad de ese país cuando cumplió 18 años. Señaló que sus hermanos conservan ambas nacionalidades, aunque no tienen interés en participar en la política.
En tanto, el senador Gerardo Fernández Noroña acusó a la oposición de difundir argumentos falsos y mencionó el caso de mandatarios latinoamericanos con doble nacionalidad para cuestionar sus planteamientos sobre la lealtad institucional.
En contraste, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que tener doble nacionalidad no convierte a ningún mexicano en enemigo de la patria y acusó a Morena de utilizar la Constitución para establecer diferencias entre ciudadanos. Afirmó que la reforma representa una barrera política para quienes han desarrollado su vida entre México y otros países.
Desde el PAN, una senadora acusó a Morena de considerar a los migrantes como mexicanos de segunda categoría, al permitirles votar, pero impedirles competir por los principales cargos ejecutivos. También cuestionó al oficialismo por sus políticas de seguridad y lo acusó de mantener vínculos con el crimen organizado.
Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas consideró innecesaria la reforma, al señalar que el artículo 32 constitucional ya contempla disposiciones relacionadas con la doble nacionalidad.
Advirtió que exigir la renuncia a una nacionalidad extranjera podría hacer depender el registro de una candidatura de trámites ante gobiernos de otros países, cuyos tiempos y requisitos no están bajo el control de las autoridades mexicanas. Agregó que la medida podría afectar especialmente a mexicanos nacidos en Estados Unidos que conservan la nacionalidad mexicana por nacimiento o descendencia.
Los argumentos fueron reiterados por legisladores de las distintas bancadas opositoras, quienes cuestionaron que la reforma pudiera restringir los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero.
Al momento de la votación, la senadora de MC, Alejandra Barrales, solicitó al presidente de la Mesa Directiva que se acreditara la renuncia de Octavia Hernández Farret a su empleo en el consulado de San José, así como que se verificara que hubiera rendido protesta antes de participar en la sesión como suplente de Karina Ruiz.
Hernández Farret respondió que había cumplido con ese procedimiento y subrayó que, aunque es migrante y reside en Estados Unidos, continúa siendo mexicana.
Con la aprobación en el Senado, la reforma fue turnada a las legislaturas estatales, donde deberá continuar su trámite constitucional antes de su eventual promulgación.
