Delegados municipales acordaron solicitar que los empleos generados por la construcción de la Subestación Eléctrica Tamulté de las Sabanas sean para trabajadores de las comunidades indígenas. Acusan que organizaciones sindicales foráneas pretenden intervenir en la contratación y temen posibles cobros que afecten los salarios de los obreros.
CENTRO, TAB.— Habitantes de las comunidades indígenas de la zona Yokot’an acordaron impedir el ingreso de organizaciones sindicales externas a los trabajos de construcción de la Subestación Eléctrica de Tamulté de las Sabanas, luego de que tres agrupaciones se presentaran en el lugar con la intención de integrar cuadrillas de trabajadores para la obra.
La inconformidad surgió este lunes tras el inicio de los trabajos encabezado por el gobernador Javier May Rodríguez, en la ranchería Rovirosa, donde representantes sindicales buscaron participar en la contratación de mano de obra. Ante esta situación, delegados municipales de distintas comunidades se reunieron para establecer una postura conjunta y exigir que las oportunidades laborales sean destinadas a los habitantes de la región.
Amado Salvador Salvador, delegado municipal de la ranchería Miramar, señaló que las comunidades reconocen el compromiso del gobernador con la construcción de la subestación eléctrica, una infraestructura que, aseguró, representa el resultado de años de lucha de los pueblos indígenas para mejorar el suministro de energía.
Sin embargo, manifestó que existe preocupación por la presencia de sindicatos provenientes de Villahermosa, cuyos integrantes pretenden incorporar a sus propios trabajadores, en lugar de dar prioridad a los habitantes de la zona.
El representante comunitario sostuvo que en las localidades existe personal capacitado para participar en la obra civil, entre ellos maestros de obra y trabajadores con experiencia en construcción, por lo que consideró necesario que la empresa encargada de ejecutar el proyecto contrate directamente a la población local.
Asimismo, expresó su rechazo a las prácticas sindicales que, según denunció, pueden representar descuentos significativos en los salarios de los trabajadores. Como ejemplo, mencionó que, de un pago de 500 pesos, podrían descontarse hasta 200 pesos por concepto de cuotas o intermediación.
Ante este panorama, los delegados municipales acordaron no permitir la intervención de las tres organizaciones sindicales que se presentaron en el lugar y establecer un mecanismo de comunicación con el responsable de la obra para que las contrataciones se realicen con habitantes de las comunidades.
Salvador Salvador indicó que, durante una reunión con los representantes comunitarios y el ingeniero encargado del proyecto, se acordó informar a los delegados sobre los requerimientos de personal, a fin de que puedan canalizar a los interesados en obtener un empleo.
El delegado insistió en que la prioridad debe ser para los habitantes de la zona indígena Yokot’an, particularmente para quienes participaron durante años en las gestiones y movilizaciones para conseguir la construcción de la subestación eléctrica.
La obra representa una demanda histórica para las comunidades de Tamulté de las Sabanas, que durante años han solicitado mejores condiciones en el suministro de energía eléctrica. De acuerdo con el compromiso anunciado por el gobernador, se prevé que la infraestructura quede concluida en un plazo de 18 meses, incluso antes, si las condiciones de ejecución lo permiten.
El representante comunitario manifestó que existe entusiasmo entre los habitantes por el inicio del proyecto, al considerar que finalmente se materializa una de las principales demandas de la región, impulsada desde administraciones anteriores y vinculada al compromiso asumido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, reiteró que los delegados respaldan la construcción de la subestación, pero consideran indispensable que los beneficios económicos también lleguen directamente a las familias de la zona, mediante la contratación de mano de obra local y sin intermediarios sindicales.
