La Secretaría de Hacienda plantea cobrar IEPS a comercializadoras que registren diferencias entre los volúmenes de combustibles adquiridos y vendidos, además de establecer nuevas medidas contra el comercio ilegal de gasolinas y diésel.
Ciudad de México.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca endurecer el cerco fiscal contra el robo, contrabando y comercialización ilegal de combustibles, mediante una serie de cambios normativos contemplados en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027.
La propuesta forma parte del paquete de medidas con las que el Gobierno federal pretende alcanzar ingresos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos durante el próximo año, provenientes de impuestos, derechos, aprovechamientos y deuda.
Uno de los principales cambios plantea ampliar los controles del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las empresas comercializadoras de combustibles, particularmente cuando existan diferencias relevantes entre los volúmenes que reportan como adquiridos y los que posteriormente venden.
Actualmente, explicó Hacienda, el IEPS y sus mecanismos de control están enfocados principalmente en productores, fabricantes e importadores, mientras que otros participantes de la cadena de comercialización y distribución no están sujetos al mismo nivel de vigilancia.
Ante los ilícitos detectados en el sector, la dependencia pretende extender los controles a toda la cadena de suministro.
Cobrarán IEPS por diferencias en volúmenes
Hacienda señaló que uno de los principales indicadores de riesgo consiste en detectar diferencias relevantes y recurrentes entre los volúmenes de combustibles comprados y vendidos, de acuerdo con la información fiscal disponible.
Por ello, la propuesta establece que las personas que no sean fabricantes, productores o importadores —es decir, los comercializadores— deberán pagar IEPS sobre la diferencia entre el combustible que puedan acreditar haber adquirido y el volumen que reporten como vendido.
El objetivo, explicó la dependencia, es garantizar una mayor correspondencia entre las cantidades de combustible que ingresan a la cadena comercial y aquellas que finalmente son enajenadas.
La medida busca fortalecer la trazabilidad de las gasolinas y el diésel desde su importación y almacenamiento hasta su transporte y venta en las estaciones de servicio.
Hacienda reconoció que actualmente resulta complejo para la autoridad fiscal dar seguimiento completo al combustible después de la venta de primera mano, particularmente hasta que llega al consumidor final.
De manera preliminar, la Secretaría propone que esta nueva disposición comience a aplicarse en julio de 2027.
Buscan cerrar el paso a la evasión
La dependencia sostuvo que el robo y la sustracción ilegal de combustibles representan una de las principales fuentes de evasión del pago del IEPS dentro de la comercialización de hidrocarburos.
La estrategia planteada contempla fortalecer los mecanismos de trazabilidad y, al mismo tiempo, desarticular las redes dedicadas al contrabando y robo de combustibles.
El nuevo esquema también pretende evitar que las irregularidades detectadas en las estaciones de servicio terminen trasladándose a los consumidores mediante mecanismos de comercialización que oculten las diferencias entre los volúmenes adquiridos y vendidos.
Más controles a cigarrillos y comercio electrónico
La propuesta de Hacienda incluye además otras medidas para reforzar la recaudación y combatir mercados ilegales.
En el caso de los cigarrillos, se plantea que cada cajetilla cuente con un código impreso, con el propósito de facilitar su identificación y limitar la comercialización de productos ilegales.
En materia de comercio electrónico, la iniciativa contempla una retención de 2.5 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre las operaciones realizadas.
Sin embargo, cuando el vendedor no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la retención propuesta se elevaría hasta 20 por ciento.
Mantienen restricción para bancos
Entre las disposiciones incluidas en la propuesta también se contempla mantener, al igual que en la Ley de Ingresos de la Federación de 2026, una restricción para las instituciones bancarias relacionada con las cuotas que pagan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La iniciativa plantea que los bancos no puedan deducir 75 por ciento de dichas cuotas.
Con este conjunto de modificaciones, Hacienda busca ampliar la base de control fiscal, combatir prácticas de evasión y fortalecer la recaudación, particularmente en sectores considerados de alto riesgo para las finanzas públicas.
