La imputada, quien era tesorera del programa federal “La Escuela Es Nuestra” en un plantel de Centla, es señalada por no comprobar el destino de recursos destinados a rehabilitar salones, baños y la red eléctrica de la escuela.
CENTLA, TAB.- Lo que comenzó como una denuncia de padres de familia en la comunidad de Simón Sarlat, Centla, llegó ante los tribunales con la vinculación a proceso de Deysi “N.”, quien se desempeñaba como tesorera del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) de una escuela primaria y es investigada por el presunto manejo irregular de 600 mil pesos del programa federal “La Escuela Es Nuestra”.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso de la imputada por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza, en agravio de la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB).
De acuerdo con las investigaciones, Deysi “N.” recibió 600 mil pesos destinados al mejoramiento de la infraestructura del plantel educativo. Los recursos fueron depositados en una cuenta del Banco del Bienestar a la que, según la autoridad ministerial, únicamente tenía acceso la entonces tesorera del comité escolar.
El dinero debía utilizarse para mejorar los salones, rehabilitar los baños y realizar trabajos en la red eléctrica de la escuela.
Sin embargo, la Fiscalía señaló que presuntamente no se realizó la rendición de cuentas correspondiente sobre el destino de los recursos, situación que habría afectado la ejecución de las obras contempladas para modernizar las instalaciones del plantel.
Los señalamientos surgieron después de que padres de familia cuestionaran el destino de una parte importante del recurso, al considerar que los trabajos realizados en la escuela no correspondían con el monto recibido.
Tras las investigaciones ministeriales, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Deysi “N.” por el delito de abuso de confianza y le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada.
Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual la Fiscalía continuará recabando elementos para esclarecer el destino de los 600 mil pesos y determinar las responsabilidades que correspondan.
El caso ha generado inquietud entre padres de familia y habitantes de la comunidad, quienes demandan transparencia en el uso de los recursos destinados a mejorar las condiciones de las escuelas y garantizar que los apoyos lleguen efectivamente a los estudiantes.
La FGET reiteró que mantiene su compromiso de investigar los hechos con estricto apego a la ley y procurar justicia.
Deysi “N.” se presume inocente y deberá ser tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional competente que determine su responsabilidad.
