El exgobernador de Guerrero permanecerá en el penal del Altiplano mientras enfrenta el proceso; la FGR lo acusa de ordenar la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ciudad de México.— Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano determinó vincular a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Después de una audiencia que se prolongó por más de 15 horas, el juzgador consideró que los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes, en esta etapa procesal, para presumir la probable responsabilidad del exmandatario en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

De acuerdo con la acusación ministerial, Aguirre Rivero habría ordenado ocultar y destruir evidencias relacionadas con la desaparición de los normalistas. La FGR sustentó parte de su imputación en los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero, identificadas como Blanca “N” y Lambertina “N”.

Según la investigación, una de las testigos habría sustraído de una oficina del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero un sobre que contenía un disco con imágenes captadas por cámaras ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. El material presuntamente mostraba el traslado de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes y la intervención de personas armadas.

La Fiscalía sostiene que el disco fue entregado a Aguirre Rivero el 29 de septiembre de 2014 y que posteriormente el entonces gobernador habría instruido al procurador estatal, Iñaki Blanco, para deshacerse del material, además de ordenar la eliminación de otras evidencias relacionadas con los acontecimientos.

La defensa del exgobernador presentó más de 30 datos de prueba con el propósito de desacreditar la acusación. Entre sus argumentos destacó que el 29 de septiembre de 2014 Aguirre Rivero se encontraba en la Ciudad de México, donde habría sostenido una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que, sostuvo, no pudo haber recibido personalmente el material ni ordenar su destrucción desde Guerrero.

Sin embargo, el juez determinó que las pruebas aportadas por la defensa no fueron suficientes para desvirtuar, en esta etapa del proceso, los argumentos presentados por la Fiscalía.

El juzgador concedió un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá reunir mayores elementos y la defensa tendrá oportunidad de preparar las pruebas que presentará durante el juicio.

Aguirre Rivero permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras continúa el proceso penal. No obstante, sus abogados adelantaron que buscarán modificar la medida cautelar para que pueda enfrentar el procedimiento bajo prisión domiciliaria, argumentando su estado de salud y su edad, pues tiene 70 años.

La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva de culpabilidad, sino la determinación judicial de que existen elementos suficientes para que la investigación continúe ante un juez por el delito que se le atribuye.

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