REPORTEROS DEL SUR
El alcalde Alcalde Alfonso Baca Sevilla, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), reapareció mediante la difusión de un video en el que confirma que la Fiscalía General de la República (FGR), lo investiga por narcotráfico, huachicol, tortura, posesión de armas y desvíos de recursos públicos.
Asegura que no anda prófugo y que se encuentra en la Ciudad de México “gestionando” asuntos administrativos.
Informa que contrató abogado para su defensa y que se encuentra “tranquilo” de conciencia.
PARAÍSO, TAB.- El presidente municipal de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, del partido Movimiento Ciudadano (MC), reapareció públicamente mediante un video difundido en redes sociales, en el que confirmó que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y rechazó las acusaciones en su contra.
El alcalde señaló que la investigación también involucra a otros servidores públicos del Ayuntamiento de Paraíso y está relacionada con una carpeta identificada como FEDTABHS-00749-2026, en la que, según explicó, se indagan presuntos delitos como ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de armas de fuego sin licencia, posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos.
Baca Sevilla negó categóricamente haber cometido alguno de estos delitos y aseguró que será mediante la vía jurídica como demostrará su inocencia y la de los funcionarios municipales señalados.
El edil también rechazó las versiones que apuntaban a que habría abandonado el estado para evadir a las autoridades. Explicó que desde la tarde del martes 17 de agosto se trasladó a la Ciudad de México debido a compromisos personales y de trabajo, además de realizar gestiones administrativas relacionadas con su cargo.
“Es falso que me hubiera dado a la fuga”, sostuvo el presidente municipal, quien aseguró que continúa atendiendo asuntos relacionados con su responsabilidad pública.
Cuestiona legalidad de los cateos
Respecto a los operativos realizados el miércoles 19 de agosto por elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Baca Sevilla afirmó que los cateos se efectuaron, desde su perspectiva, en violación a las garantías de legalidad y debido proceso establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
Aseguró que las órdenes de cateo no contenían, según su revisión, información precisa sobre las direcciones de los inmuebles, los objetos que serían buscados, las personas que serían detenidas, el periodo de vigencia de las diligencias ni los nombres de los servidores públicos y peritos autorizados para participar.
El alcalde señaló que algunos datos fueron proporcionados de manera genérica y mencionó que las diligencias contemplaban la participación de peritos en fotografía forense, avalúo, contabilidad y criminalística.
También acusó que el despliegue de las autoridades tuvo una intención política para afectar su imagen y la de los demás servidores públicos investigados.
Baca Sevilla sostuvo que se trata de una “persecución política” y acusó un presunto uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
Anuncia que regresará a Paraíso
El presidente municipal informó que, una vez que concluya los compromisos que mantiene en la Ciudad de México, regresará al Ayuntamiento de Paraíso y atenderá el caso por la vía jurídica.
Aseguró que se encuentra tranquilo y confió en que las investigaciones permitirán aclarar las acusaciones formuladas en su contra y contra otros integrantes de la administración municipal.
“Demostraré mi inocencia y la de mis compañeros servidores públicos”, afirmó.
El alcalde concluyó su mensaje asegurando que durante su trayectoria profesional y personal nunca ha estado relacionado con actividades ilícitas y que la investigación será enfrentada mediante los mecanismos legales correspondientes.
Hasta el momento, las acusaciones expresadas por el edil corresponden a su versión de los hechos, mientras que será la investigación de la Fiscalía General de la República y, en su caso, las autoridades judiciales, las que determinen las responsabilidades que pudieran existir.
