EU.- Los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclamaron a Meta Platforms multas por un total de 1.4 billones de dólares, al acusar a la empresa de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre usuarios menores de edad y ocultar los riesgos que estas representan para su bienestar y seguridad.
De acuerdo con documentos judiciales citados por Reuters, la cifra fue presentada por la propia empresa dentro del proceso legal y se calcula con base en las leyes de protección al consumidor de los cuatro estados demandantes, así como en el número de presuntas infracciones relacionadas con los usuarios afectados.
El juicio principal está programado para celebrarse en agosto en un tribunal de Oakland, California, donde las autoridades buscarán demostrar que la compañía priorizó sus beneficios económicos por encima de la protección de niños y adolescentes.
El fiscal general de California, Rob Bonta, sostuvo que la demanda sostiene que Meta “ha priorizado las ganancias sobre la seguridad de los niños” y que sus plataformas han contribuido a la creciente crisis de salud mental que enfrenta una generación de jóvenes en Estados Unidos.
Las autoridades estatales argumentan que las redes sociales de la empresa incorporaron mecanismos diseñados para mantener a los menores conectados durante largos periodos, pese a conocer los posibles efectos negativos sobre su salud mental.
Por su parte, Meta rechazó categóricamente las acusaciones y negó haber engañado al público sobre el supuesto carácter adictivo de sus plataformas. La compañía calificó como “descabellados” los cálculos económicos presentados por los demandantes.
“Los cálculos de los demandantes no tienen fundamento ni en los hechos ni en la ley”, señaló la empresa en un comunicado, en el que adelantó que defenderá su posición durante el proceso judicial.
Asimismo, Meta afirmó que una eventual sanción por 1.4 billones de dólares carece de precedentes en la historia de los litigios relacionados con la protección al consumidor en Estados Unidos.
El caso se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes contra una empresa tecnológica, en medio del creciente escrutinio sobre el impacto que las redes sociales tienen en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
