Ciudad de México. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) alista el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otras siete personas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles desde Estados Unidos hacia México.
La audiencia inicial comenzó el viernes a las 13:00 horas mediante videoconferencia, en la que el Ministerio Público Federal presentó los primeros elementos de prueba para imputar a los ocho detenidos por los delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, ilícitos que contemplan prisión preventiva oficiosa.
Investigación involucra 25 órdenes de aprehensión
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el momento han sido detenidas ocho personas, aunque el caso comprende 25 órdenes de aprehensión libradas por un juez federal como parte de la investigación.

La diligencia judicial ha registrado diversos recesos, entre ellos uno para que las defensas tuvieran acceso al expediente y prepararan su estrategia jurídica antes de continuar con la audiencia.
Mientras tanto, en las instalaciones de la Femdo permanecen los detenidos bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes se encuentran preparados para efectuar el traslado al penal federal de máxima seguridad una vez que la autoridad judicial lo determine.
Presunto esquema de contrabando desde Texas
Según la investigación de la FGR, la organización criminal habría introducido combustible de manera ilegal desde Texas, Estados Unidos, utilizando más de un centenar de carros tanque ferroviarios.
Las indagatorias señalan que en la documentación aduanal se declaraban 10 mil litros de combustible por contenedor, cuando en realidad cada unidad transportaba alrededor de 110 mil litros, lo que habría permitido ingresar grandes volúmenes de hidrocarburos sin cumplir con los requisitos legales de importación ni cubrir las contribuciones fiscales correspondientes.
Las autoridades sostienen que el combustible ingresaba por la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, para posteriormente ser distribuido a distintas entidades del país.
Daño al erario por más de 4 mil millones de pesos
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó recientemente que las investigaciones permitieron reconstruir la estructura operativa y financiera de la presunta red de contrabando.
De acuerdo con la FGR, las operaciones ilegales, presuntamente vinculadas con la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo Appel sería accionista mayoritario, habrían generado un daño al erario estimado en más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025, debido al incumplimiento de obligaciones fiscales.
Presunción de inocencia
Hasta el momento, los ocho imputados enfrentan la etapa inicial del proceso penal y se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
La audiencia continúa y será la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega quien determine la situación jurídica de los detenidos con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.


