Ciudad de México.- Brenda Quevedo Cruz, procesada por el denominado Caso Wallace y quien permanece bajo prisión domiciliaria tras casi 20 años privada de la libertad sin recibir una sentencia, obtuvo este viernes un permiso humanitario para visitar a su padre, Roberto Quevedo, internado en terapia intensiva en un hospital del Estado de México.
La salida de Quevedo se realizó bajo un fuerte operativo de custodia de la Guardia Nacional, que la trasladó desde el domicilio donde cumple la medida cautelar hasta el centro hospitalario.
De acuerdo con la defensa de Brenda Quevedo, el juez del Primer Distrito, Carlos Rico Mondragón, había rechazado en dos ocasiones anteriores solicitudes similares para permitirle acudir al hospital debido a la delicada condición de salud de su padre.
Roberto Quevedo sufrió recientemente un accidente cerebrovascular y fue ingresado a un hospital del Estado de México. Horas después, su estado de salud se agravó y fue necesario intubarlo, por lo que los abogados de Brenda solicitaron nuevamente un permiso por razones humanitarias.
Aunque la autorización fue concedida la mañana del viernes, un error administrativo en la fecha del documento —que inicialmente establecía la salida para el 18 de julio— retrasó por más de cinco horas el traslado. Tras corregirse el oficio judicial, el operativo integrado por tres patrullas de la Guardia Nacional inició poco después de las 18:00 horas.
Dos décadas sin sentencia
Brenda Quevedo, de 45 años, es considerada una de las personas con mayor tiempo privada de la libertad sin sentencia definitiva en México. Fue detenida en 2007 por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, quien encabezó durante años la acusación contra seis personas vinculadas al caso.
La investigación ministerial concluyó desde 2014; sin embargo, el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva.
Organismos han cuestionado el proceso
A lo largo de los años, el Caso Wallace ha sido objeto de señalamientos por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de investigaciones periodísticas, que han documentado presuntas irregularidades durante las investigaciones.
Entre ellas destacan denuncias sobre tortura, fabricación de pruebas y obtención de confesiones bajo coerción contra varios de los procesados, entre ellos Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Antonio (“Tony”) y Alberto Castillo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado la necesidad de revisar las presuntas violaciones al debido proceso denunciadas en este expediente.
Precedente de la Suprema Corte
En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González, al determinar que la principal declaración utilizada para condenarla fue obtenida mediante actos de tortura, por lo que carecía de validez jurídica.
Diversos especialistas y organizaciones han señalado que ese precedente podría tener implicaciones para otros procesados del Caso Wallace, ya que varias de las acusaciones también se sustentan en declaraciones cuya legalidad ha sido cuestionada.
No obstante, hasta el momento las autoridades judiciales no han resuelto de manera definitiva la situación jurídica del resto de los implicados, quienes continúan enfrentando procesos derivados del mismo expediente.
