ESTADO DE MÉXICO.- Un juez federal dictó una sentencia de 27 años y seis meses de prisión contra José Oscar Valdez Ramírez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR), al ser hallado culpable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó pruebas suficientes para acreditar la participación del exfuncionario en una red dedicada a actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la extorsión a empresarios mediante supuestos “carpetazos” a investigaciones inexistentes.

El exservidor público, identificado también con el alias de “El Sultán”, fue detenido en noviembre de 2020 y posteriormente procesado por encabezar un esquema que, según las indagatorias, consistía en exigir pagos millonarios a cambio de archivar presuntas investigaciones en materia financiera.

El caso documenta que entre los hechos atribuidos se encuentra un intento de cobro por 15 millones de pesos a empresarios oaxaqueños, bajo la promesa de cerrar expedientes ministeriales que no existían. Asimismo, se le señala de haber incurrido en la usurpación de funciones vinculadas a áreas jurídicas del Gobierno federal.

La investigación comenzó a fortalecerse cuando el chofer del entonces funcionario fue detenido en la carretera México–Toluca, tras localizarle 3 millones 950 mil pesos en efectivo ocultos dentro de un vehículo, lo que permitió destapar la red de operaciones ilícitas.

En el mismo proceso, José Antonio Ramírez Beltrán, quien fungía como chofer del exfuncionario, fue sentenciado a 10 años de prisión por su participación en los hechos.

El juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez determinó la responsabilidad de Valdez Ramírez por delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de transporte de efectivo.

De acuerdo con la FGR, aunque se giraron diversas órdenes de aprehensión dentro del mismo caso, varios implicados optaron por acogerse a criterios de oportunidad y colaborar como testigos protegidos, lo que permitió fortalecer la investigación ministerial.

Con esta resolución judicial concluye uno de los casos más relevantes de presunta corrupción dentro de la estructura de procuración de justicia federal en los últimos años, al tratarse de un alto funcionario de la propia Fiscalía General de la República.

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