Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este lunes un proyecto de sentencia elaborado por la ministra María Estela Ríos González, en el que se plantea que ni el Congreso de la Unión ni el Poder Ejecutivo federal tienen una obligación constitucional expresa de expedir una ley o asignar presupuesto específico para atender el fenómeno del desplazamiento forzado interno en México.
El proyecto, que será sometido a consideración del pleno del máximo tribunal del país, también propone establecer que las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta materia no son jurídicamente vinculantes dentro del orden constitucional mexicano.
De aprobarse, la resolución implicaría negar el amparo promovido por la organización civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que acusó una supuesta omisión absoluta del Congreso de la Unión por no legislar sobre desplazamiento forzado interno, argumentando una presunta violación al artículo 73 de la Constitución y al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La asociación también sostuvo que el Estado mexicano estaba obligado a cumplir las recomendaciones formuladas por la CIDH en 2013, 2015 y 2022, las cuales instaban a la creación de una legislación federal y de una institución especializada para la protección de personas desplazadas.
Sin embargo, en una primera instancia, un juez federal determinó que no existían las omisiones reclamadas y dio la razón a la Presidencia de la República, así como a las secretarías de Gobernación y de Hacienda, además del Poder Legislativo federal.
El asunto llegó a la Corte en septiembre de 2025 y ahora el proyecto de la ministra Ríos González propone confirmar ese criterio. El documento argumenta que ni la Constitución mexicana ni la Convención Americana establecen un mandato claro, específico y exigible para que el Congreso emita una ley en la materia o para que el Ejecutivo cree una institución dedicada exclusivamente a atender el desplazamiento forzado interno.
Bajo esta interpretación, la propuesta sostiene que corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo definir, dentro de sus facultades y márgenes de decisión política, las estrategias, programas y políticas públicas destinadas a atender este fenómeno social.
La discusión del proyecto podría sentar un precedente relevante sobre los alcances de las obligaciones del Estado mexicano frente al desplazamiento forzado interno y sobre el peso jurídico que tienen las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos dentro del sistema legal nacional.
La Corte también discutirá un segundo proyecto sobre desplazamiento forzado interno en Chiapas, de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, que propone dar un plazo de 90 días al Gobierno del estado para publicar el reglamento de la ley estatal en la materia y así poner en marcha el Fondo Estatal de Contingencia —previsto desde 2012— y el Registro Estatal de Población Desplazada.
