CAMPECHE.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó la solicitud de un préstamo por mil millones de pesos promovida por el Gobierno de Campeche para destinarlo a obra pública, en medio de la controversia generada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo estatal.
La negativa federal obligará al Ejecutivo campechano a replantear el monto solicitado y realizar modificaciones al esquema financiero, tal como lo habían propuesto diputados de Morena identificados como “disidentes” durante la discusión del tema.
El presidente del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, informó que ahora esperan que el Poder Ejecutivo entregue nueva información y ajustes a la propuesta para realizar nuevamente el trámite correspondiente ante la SHCP y obtener una eventual aprobación.
El legislador señaló que cualquier solicitud de endeudamiento debe analizarse cuidadosamente debido a las implicaciones financieras que puede representar para el estado a largo plazo, especialmente en aspectos como monto, plazos de pago y capacidad presupuestal.
Asimismo, reveló que la institución bancaria a la que la Secretaría de Administración y Finanzas había solicitado la línea crediticia también rechazó la primera ronda de documentación y antecedentes entregados para justificar el préstamo y sus condiciones de pago.
La situación ha generado cuestionamientos debido a que anteriormente el Gobierno estatal había asegurado que Campeche mantenía finanzas sanas.
Jiménez Gutiérrez adelantó que se prevé una reunión con la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, así como con la gobernadora Layda Sansores o el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Rafael Castilla Azar, para buscar alternativas relacionadas con ajustes al monto solicitado, modificaciones presupuestales y otras opciones que permitan evitar un endeudamiento de gran magnitud.
El diputado subrayó que antes de recurrir a un crédito millonario deben priorizarse medidas de austeridad y estrategias de generación de ingresos, ya que un préstamo de este tipo podría comprometer las finanzas públicas y afectar los presupuestos estatales durante las próximas dos décadas.
La discusión sobre el endeudamiento continúa generando divisiones al interior del Congreso local y mantiene bajo análisis la viabilidad financiera de los proyectos de infraestructura planteados por el Ejecutivo estatal.
