MÉXICO.- La empresa petrolera Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, es investigada por autoridades mexicanas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con documentos de seguridad revisados por Reuters y fuentes oficiales consultadas por la agencia.
Las investigaciones forman parte de una serie de indagatorias sobre importaciones de productos petroleros provenientes de Estados Unidos y Canadá que habrían ingresado a México mediante un esquema diseñado para evadir impuestos millonarios sobre combustibles como diésel y nafta.
Según los reportes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra Ikon Midstream basados en testimonios, documentos y labores de vigilancia. Los informes señalan que la compañía sería una de las “piezas centrales” dentro de una compleja red de importadores, transportistas y distribuidores presuntamente vinculados al CJNG.
Uno de los casos bajo investigación involucra al buque Torm Agnes, utilizado para transportar cargamentos de diésel desde Canadá hacia puertos mexicanos como Ensenada y Guaymas. Las autoridades sospechan que el combustible fue declarado falsamente como lubricante para evitar el pago de elevados aranceles de importación.
De acuerdo con Reuters, la empresa mexicana Intanza —identificada por autoridades como posible fachada del CJNG— recibió parte de la carga del Torm Agnes. Posteriormente, otra compañía llamada Azteca Cone también apareció relacionada con operaciones similares y actualmente es investigada por presuntos vínculos con la organización criminal.
Ambas empresas carecen de presencia pública verificable, sin teléfonos, sitios web o domicilios operativos identificables, según la investigación periodística.
Las autoridades mexicanas también investigan a la empresa de transporte Mefra Fletes, señalada en documentos de seguridad como una pieza clave del esquema de contrabando. La compañía habría participado en el traslado terrestre del combustible descargado de los buques en puertos mexicanos.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que agentes de Homeland Security Investigations (HSI) allanaron las oficinas de Ikon Midstream en Houston el pasado 14 de abril, en el marco de una investigación por presunta actividad criminal.
Aunque el gobierno estadounidense no detalló si existe coordinación formal con las autoridades mexicanas, el caso ha incrementado la presión sobre las operaciones transfronterizas de combustible.
Ikon Midstream ha rechazado de manera reiterada cualquier irregularidad. Su director general, Rhett Kenagy, aseguró a Reuters que no existe “ni un solo documento” que respalde las acusaciones y sostuvo que la empresa nunca ha proporcionado apoyo material al CJNG.
Sin embargo, documentos internos entregados por la propia compañía a Reuters mostraron inconsistencias en las declaraciones aduanales de al menos cuatro embarques realizados entre 2024 y 2025. En dichos registros, la carga fue clasificada como “aceites lubricantes”, pese a que otros documentos y testimonios señalaban que se trataba de diésel y nafta.
Expertos consultados por Reuters explicaron que esta práctica es utilizada frecuentemente por redes de contrabando para evadir impuestos de importación en México, aprovechando que los lubricantes están exentos de ciertos gravámenes.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indicó a Reuters que los códigos arancelarios utilizados por Ikon Midstream no corresponden al diésel ni a la nafta y advirtió que las irregularidades reiteradas en documentación comercial pueden derivar en decomisos, multas y sanciones legales.
Las investigaciones se desarrollan en un contexto de creciente combate al tráfico ilícito de combustible, considerado actualmente la segunda fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, solo por detrás del narcotráfico.
Desde septiembre, autoridades mexicanas han detenido al menos a 16 personas relacionadas con redes de contrabando de hidrocarburos, aunque hasta ahora no han revelado públicamente sus identidades ni confirmado oficialmente nexos con el CJNG.
El gobierno de Estados Unidos clasificó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, ampliando las herramientas legales para perseguir a empresas o individuos sospechosos de brindar apoyo financiero o logístico al grupo criminal.
