CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México firmó un acuerdo con productores, compradores e industriales del sector agroalimentario para ordenar la producción y comercialización del maíz blanco mediante un nuevo mecanismo que busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria, estabilizar el mercado nacional y mejorar la rentabilidad de los agricultores.
Durante una conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el programa denominado Sistema de “Ordenamiento de la Producción de Maíz Blanco – Precio Justo” surgió tras una crisis que amenazaba con dejar a miles de productores sin posibilidades de recuperar sus costos de producción.
La mandataria detalló que hace aproximadamente cuatro meses comenzaron reuniones entre autoridades federales y actores de toda la cadena productiva, luego de detectar que el precio del maíz había caído por debajo de los costos de producción.
Indicó que producir una tonelada de maíz requería alrededor de seis mil pesos, mientras el precio de mercado rondaba los cinco mil 200 pesos, situación agravada por el ingreso de maíz importado a menor costo que saturó los inventarios de compradores nacionales.
Para enfrentar la emergencia inmediata, el gobierno federal destinó cerca de cinco mil millones de pesos en apoyos, con participación de gobiernos estatales y empresas compradoras, estrategia que permitió liberar bodegas y estabilizar la comercialización antes de la llegada de la cosecha de Sinaloa.
A partir de esa experiencia, señaló Sheinbaum, se decidió construir un sistema permanente que evite repetir este tipo de crisis cada año.
La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, explicó que el acuerdo está integrado por tres componentes principales.
El primero contempla compras anticipadas mediante contratos previos a cada cosecha, con precios acordados libremente entre productores y compradores. El segundo establece la venta de insumos como semillas, fertilizantes y agroquímicos a precios justos. El tercero incorpora un mecanismo de protección financiera diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para enfrentar contingencias climáticas, fitosanitarias y de mercado.
Según la funcionaria, en el programa participan 61 mil productores de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche, quienes trabajan en conjunto más de 705 mil hectáreas con una producción estimada de siete millones de toneladas de maíz blanco.
Asimismo, destacó que el acuerdo cubre más del 80 por ciento de la comercialización formal del grano, con participación de harineras, nixtamalizadoras, industria pecuaria y alimentaria.
En el rubro de insumos, más de 80 empresas nacionales y extranjeras se incorporaron al mecanismo, representando cerca del 90 por ciento de los proveedores del país.
Por su parte, Altagracia Gómez Sierra destacó que, incluso antes de la firma oficial, ya se habían comercializado más de dos millones de toneladas a precios superiores al mercado internacional y comprometido casi tres millones de toneladas previo a la cosecha sinaloense.
Añadió que los descuentos negociados en insumos alcanzaron un promedio de 13 por ciento y en algunos casos superaron el 60 por ciento, pese al incremento global de hasta 50 por ciento en agroquímicos y fertilizantes.
El nuevo sistema contará además con una plataforma digital que permitirá vincular de manera transparente a productores, compradores y proveedores. La información será supervisada por la Sader y la Comisión Nacional Antimonopolio para garantizar transparencia y evitar prácticas contrarias a la libre competencia.
La plataforma comenzará operaciones el próximo 25 de mayo para el ciclo agrícola primavera-verano 2026.
En representación de los agricultores, Francisca Rosalba Jiménez Juárez afirmó que el acuerdo brinda certeza al campo mexicano, luego de años marcados por altos costos, precios bajos y falta de apoyo institucional.
Durante el evento también participó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien subrayó que el acuerdo responde a los retos del sector agroalimentario, entre ellos la volatilidad de los mercados, el aumento en los costos de fertilizantes y los efectos crecientes de fenómenos climáticos.
Finalmente, Claudia Sheinbaum enfatizó que el acuerdo es voluntario y aseguró que el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, particularmente en productos estratégicos como el maíz, constituye una prioridad para su administración.
