Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ninguno de los diez funcionarios del estado de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos cuenta hasta el momento con ficha roja de Interpol ni con una orden de captura internacional activa, pese a que el gobierno estadounidense solicitó su detención provisional con fines de extradición.
Durante una videoconferencia, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, precisó que cinco de los funcionarios señalados, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, continúan bajo investigación para determinar si existe alguna responsabilidad penal.
“Continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito”, señaló el funcionario federal.
Lara López explicó que, hasta ahora, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no ha emitido fichas rojas contra ninguno de los involucrados, por lo que no existe una orden internacional de localización o detención vigente.
En la misma conferencia, el vocero de la FGR abordó el caso relacionado con la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones antinarcóticos realizadas en el estado de Chihuahua.
El funcionario indicó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió recientemente a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México; sin embargo, únicamente entregó un escrito en el que manifestó su negativa a proporcionar información sobre el caso.
“La mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”, explicó Lara López.
El representante de la fiscalía subrayó que la gobernadora cuenta con inmunidad procesal debido a su cargo público, lo que impide que pueda ser procesada penalmente mientras permanezca en funciones.
No obstante, aclaró que esa condición jurídica no limita la posibilidad de que una servidora pública colabore voluntariamente en investigaciones ministeriales.
“Ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”, puntualizó.
La investigación se originó tras el hallazgo de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde presuntamente se detectó la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro del territorio nacional.
Según explicó la FGR, tanto la gobernadora como el fiscal estatal fueron citados únicamente para rendir testimonio y aportar información relacionada con la presencia de dichos agentes extranjeros.
Finalmente, Ulises Lara informó que el narcolaboratorio localizado en Chihuahua ya fue desmantelado por autoridades federales, incluyendo el embalaje y traslado de sustancias químicas aseguradas para su posterior destrucción.
