REDACCIÓN | REPORTEROS DEL SUR
La sofisticación financiera del crimen organizado en México ha encontrado en los fraudes de tiempos compartidos una fuente multimillonaria de ingresos. Ahora, el gobierno de Estados Unidos acusa que una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación intenta evadir sanciones internacionales mediante empresas fachada que continúan operando desde destinos turísticos de alta plusvalía, particularmente en Puerto Vallarta.
La alerta fue emitida este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo del Departamento del Tesoro estadunidense encargado de combatir operaciones financieras ilícitas. La agencia reveló que la firma Kovay Gardens —previamente sancionada por fraude y presuntos nexos con el CJNG— creó nuevas identidades corporativas para continuar captando víctimas, principalmente ciudadanos estadunidenses.
Las nuevas denominaciones utilizadas por la red son Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, señaladas por Washington como alias operativos de una entidad previamente sancionada.
El negocio del engaño
De acuerdo con la OFAC, la estructura criminal operaba bajo la apariencia de complejos turísticos y empresas inmobiliarias. El esquema consistía en convencer a propietarios de tiempos compartidos de que podían rentar sus semanas vacacionales y obtener ganancias extraordinarias. Posteriormente, las víctimas eran sometidas a cobros excesivos, pagos fraudulentos, contratos inexistentes y transferencias financieras sin retorno.
El gobierno estadunidense sostiene que el complejo Kovay Gardens, antes conocido como Vallarta Gardens, era utilizado como centro operativo para este modelo de fraude financiero.
Las autoridades estadounidenses aseguran que la organización mantenía una red empresarial diversificada que incluía inmobiliarias, empresas turísticas, firmas financieras, holdings corporativos e incluso compañías relacionadas con combustibles y servicios empresariales.
Coordinación binacional
Las sanciones anunciadas originalmente el 19 de febrero de 2026 fueron ejecutadas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que complementó las medidas estadounidenses incorporando a personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas.
La estrategia forma parte del endurecimiento de la política de Washington contra las finanzas del narcotráfico, especialmente aquellas ligadas al tráfico de fentanilo y a estructuras empresariales utilizadas para lavado de dinero.
La OFAC sustentó las medidas en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas por Estados Unidos para sancionar a organizaciones criminales y redes vinculadas al narcotráfico internacional.
Una red empresarial extensa
Entre los principales señalados aparece Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, así como Michael Ibarra Díaz Jr., identificado por autoridades estadounidenses como presunto colaborador del CJNG.
También fueron incluidas múltiples compañías mexicanas dedicadas a servicios turísticos, inmobiliarios y financieros, además de operadores presuntamente ligados a células regionales del cártel.
La OFAC señala particularmente a Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”, identificados como presuntos lugartenientes de Audias Flores Silva, mando regional previamente sancionado por Washington.
Según las investigaciones, operadores subordinados manejaban “salas de control” desde donde coordinaban llamadas, contratos y movimientos financieros relacionados con el fraude de tiempos compartidos.
Millones de dólares bajo sospecha
Las cifras reveladas por el Tesoro estadounidense muestran la dimensión económica del esquema.
Entre 2019 y 2023 fueron detectados 850 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con fraudes de tiempos compartidos. En total, las operaciones bajo sospecha movilizaron aproximadamente 330 millones de dólares.
La OFAC indica que mensualmente se reciben cerca de 40 reportes asociados con posibles fraudes de este tipo. Cada caso involucra montos promedio de 383 mil dólares.
Solo durante 2024, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) recibió alrededor de 900 denuncias relacionadas con fraudes de tiempos compartidos en México, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
Turismo, crimen y lavado
Especialistas en seguridad consideran que este modelo refleja cómo las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico tradicional.
El uso de desarrollos turísticos y empresas inmobiliarias permite mezclar recursos ilícitos con actividades aparentemente legales, además de aprovechar el flujo constante de turistas extranjeros y operaciones internacionales.
La advertencia de Washington también evidencia la creciente vigilancia sobre estructuras financieras del CJNG, considerado actualmente uno de los grupos criminales más poderosos y expansivos de México.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro pidió a ciudadanos y empresas estadunidenses extremar precauciones ante ofertas relacionadas con tiempos compartidos en destinos turísticos mexicanos, particularmente aquellas vinculadas con los nombres ahora identificados como empresas fachada.
