CIUDAD DE MÉXICO.- Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) permitió desarticular una presunta red delictiva dedicada a la evasión fiscal y al lavado de recursos mediante la emisión de facturas por operaciones simuladas, con presencia en al menos nueve entidades del país.

Durante un mensaje a medios, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, informó que las investigaciones identificaron a una organización conocida como “Del Caballito”, la cual utilizaba empresas reales y compañías fachada para generar comprobantes fiscales falsos y ocultar movimientos financieros irregulares.

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal constituía empresas destinadas a emitir facturas por operaciones inexistentes, permitiendo a sus clientes reportar gastos ficticios, reducir artificialmente su carga tributaria y evadir el pago de impuestos.

“Se ingresaban flujos de dinero por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco se pagaban los impuestos respectivos”, explicó el funcionario federal.

Como resultado de las indagatorias, más de 440 elementos federales desplegaron acciones simultáneas en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, donde se ejecutaron 40 órdenes de cateo.

Durante los operativos fueron detenidas ocho personas identificadas como Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”, quienes presuntamente formaban parte de la estructura financiera y operativa de la organización.

Las autoridades también aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de importantes cantidades de dinero en distintas monedas nacionales y extranjeras.

Entre lo decomisado destacan aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos mexicanos, 106 mil yenes japoneses, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.

Ulises Lara señaló que las investigaciones permitieron detectar al menos 15 empresas y asociaciones civiles presuntamente utilizadas como fachadas para encubrir operaciones financieras ilícitas. Los domicilios fiscales de estas entidades se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Según las autoridades, las empresas facturadoras servían para dispersar recursos a través del sistema financiero y posteriormente transferirlos a los beneficiarios finales, dificultando la identificación del origen de los fondos y generando un impacto directo en la hacienda pública.

La FGR indicó que las investigaciones continúan para identificar a más integrantes de la organización, determinar el monto total del daño ocasionado al erario y establecer posibles vínculos con otras estructuras dedicadas a delitos financieros y fiscales.

Este operativo representa uno de los golpes más relevantes contra esquemas de facturación falsa y evasión fiscal en los últimos años, una práctica que las autoridades consideran una amenaza para la recaudación tributaria y la estabilidad financiera del país.

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